El objetivo es reemplazar el capitalismo democrático con el socialismo autoritario.
Wall Street Journal
Mary Anastasia O’Grady
29 de enero de 2023
Turbas antigubernamentales en Perú han estado bloqueando carreteras, incendiando tierras agrícolas, destruyendo infraestructura y atacando estaciones de policía durante más de un mes. Las bandas organizadas han realizado múltiples intentos, a veces simultáneamente, de tomar aeropuertos y detener las vías férreas. Las autoridades tuvieron que cerrar la semana pasada el importante destino turístico de Machu Picchu.
No está claro quién está coordinando y financiando el caos. Pero el objetivo es inequívoco: destruir el capitalismo democrático y reemplazarlo por el socialismo autoritario. Los peruanos amantes de la libertad están en una lucha por sus vidas.
Este último capítulo en la larga guerra de Perú contra el terrorismo de izquierda comenzó con el juicio político y destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre por su intento de disolver el Congreso y apoderarse del poder judicial. También trató de arrestar al fiscal general, que estaba investigando denuncias de corrupción en su contra.
A pesar de todo lo que se habla de política disfuncional, el sistema semiparlamentario de Perú, diseñado para controlar el gobierno de un solo hombre, funcionó bien. Ni el ejército ni la policía nacional estuvieron de acuerdo con la toma de poder del Sr. Castillo y terminó en la cárcel. Según la constitución, la vicepresidenta Dina Boluarte fue juramentada inmediatamente como presidenta.
Por ley, se supone que el presidente Boluarte terminará el mandato de Castillo, que se extiende hasta 2026. Pero en un esfuerzo por sofocar la violencia, prometió adelantar las próximas elecciones a 2024. Eso no es suficiente para la extrema izquierda. Quiere que renuncie de inmediato, cierre el Congreso y celebre elecciones para una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El número oficial de muertos por lo que es esencialmente una respuesta terrorista a la adopción del estado de derecho por parte de Boluarte ahora supera los 50.
Los activistas acusan a la policía nacional de usar la fuerza de manera indiscriminada. Esas denuncias deben ser investigadas. Pero durante cientos de marchas pacíficas en Lima y el sur del país, no ha habido enfrentamientos.
Sin embargo, la policía ha usado la fuerza para defender la vida, la libertad y la propiedad, y ha pagado un precio. Un policía de Puno fue quemado vivo . Cincuenta y siete policías resultaron heridos en Ica cuando intentaban abrir una vía bloqueada. Uno fue golpeado salvajemente y se aferra a la vida.
Un bebé enfermo en Cusco murió cuando la ambulancia en la que se encontraba no pudo llegar al hospital. Fue la tercera muerte reportada de un menor atribuida a carreteras cerradas. Los camiones de bomberos y las entregas de combustible no pueden llegar a sus destinos.
El director del Centro de Investigación de la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas Unidas del Perú en Lima estima que los empresarios están perdiendo $15 millones diarios y que la parálisis económica se traducirá en los próximos tres o cuatro meses en 100.000 empleos menos. El director ejecutivo de la Asociación Gremial de Productores Agropecuarios del Perú estimó la semana pasada que las empresas agroexportadoras peruanas han perdido más de $150 millones.
Los peruanos que protestan están faltando al trabajo, lo que implica que están perdiendo ingresos. Sería interesante saber si están siendo compensados o coaccionados. Algunos han sido reclutados bajo amenazas contra familias, animales de granja y empresas.
Puno, donde tiene lugar gran parte de la violencia, es uno de los departamentos más pobres de Perú. Pero también es uno “que más ha progresado, en términos relativos, en los últimos 15 años. Entre 2007 y 2021, su ingreso per cápita creció 4% anual; en el resto del país creció 2,8%”, explicó el economista peruano Iván Alonso en una columna del 20 de enero en el diario peruano El Comercio. El acceso a la electricidad, el agua, las carreteras y la atención médica también aumentó significativamente. La mortalidad infantil en 2019 se redujo a 18 por cada 1000 nacidos vivos desde los 44 de 2010, escribió Alonso.
Esta es una mala noticia para los socialistas que quieren hacer del arresto legal del Sr. Castillo una cuestión de raza y clase. Su esperanza es que la agitación perturbe la economía de mercado de Perú y coloque al país en la órbita de Cuba, junto con Bolivia, Venezuela y Nicaragua. La Habana ha estado trabajando durante años para mejorar esto.
El operativo de inteligencia cubano Carlos Rafael Zamora tiene el rango de coronel en la dictadura militar de La Habana. Él y su esposa se han movido por las Américas durante décadas bajo cobertura diplomática. En diciembre de 2021, seis meses después de la toma de posesión del Sr. Castillo, el Sr. Zamora fue nombrado embajador de Cuba en Perú. En ese momento, Enrique García, un exfuncionario de inteligencia cubano que reportó a Zamora en la década de 1980 en Ecuador y desertó a Estados Unidos en 1989, advirtió sobre problemas. Hablando por experiencia, el Sr. García predijo que bajo el mando del Sr. Zamora la embajada reclutaría agentes y trabajaría con el gobierno procubano de Castillo para desestabilizar la democracia. Un año después el país explotó.
Bolivia ha declarado ilegítimo al presidente Boluarte. El presidente colombiano Gustavo Petro, ex terrorista, quiere la intervención internacional en los asuntos internos de Perú. El presidente de Chile, Gabriel Boric , un ideólogo arrogante cuya economía ha perdido 50.000 millones de dólares en inversiones desde el pandemónium de izquierda de 2019 que él defendió, está acumulando críticas a la democracia peruana. Conectas los puntos. Lampadia
