Por: Mario Saldaña
El Comercio, 18 de noviembre de 2021
Cuando el presidente Castillo afirmó que el Perú estaba en capacidad de exportar corruptos durante su alocución de setiembre pasado en la OEA, sin saberlo y acaso sin quererlo, sellaba una premonición sobre su propio Gobierno.
No solo nombró embajador en Caracas a un investigado por lavado de activos como Richard Rojas (lo que felizmente se frustró por decisión de un juez), sino que diferentes designaciones en cargos públicos parecen literalmente sacadas de la base de datos del Ministerio Público.
Pero seamos indulgentes por un momento. Puede existir la posibilidad de que alguien investigado o sancionado por alguna causa tenga alguna capacidad de gestión o experiencia en un rubro altamente especializado (como la señora Alzamora, frustrada exjefa de la Sutrán, que aparentemente tenía una terrible debilidad por el pan de molde y los artículos de limpieza en los supermercados). El problema es que, además de la falta de idoneidad, debemos sumar la incompetencia para el ejercicio del cargo. En varios sectores (MTC, Minedu, Minem y varios más) hay una tozudez de los responsables para ir en contra de avances o reformas ya iniciadas en favor de la población.
El cuadro se está complicando mucho cuando este copamiento clientelar del aparato público que Castillo está imponiendo afecta temas de seguridad nacional. Ya no solo es la afectación a las instituciones con personas sin competencia y violando normas, sino que, en dicho actuar, se estarían cometiendo delitos flagrantes por orden directa del despacho presidencial, como ha sido el manejo de los ascensos militares y la presión directa a una entidad autónoma como la Sunat a fin de gestionar favores para privados; en estos dos últimos, con el involucramiento personal del exministro Walter Ayala y del aún secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco.
Preguntas al ruedo: más allá de la intervención de la prensa independiente, ¿dónde está el Congreso? ¿La gobernabilidad está en riesgo si es que, actuando conforme a la Constitución, se interpela, censura o solicita la destitución de toda esta gente que viene cometiendo tropelías y abiertos casos de corrupción? Y si el señor Castillo no solo nombra, sino que, además, y pese a las evidencias, mantiene en sus cargos por un espacio de tiempo inaceptable a gente que incurre en la comisión de varios ilícitos de forma sistemática, ¿sigue estando en capacidad de gobernar el Perú? ¿La incapacidad moral de un presidente debe medirse en función de cuántas veces es permisivo con la corrupción o si hay una abierta vocación por la misma?
Como van las cosas, este Gobierno no caerá por ser de izquierda, sino por apañar corruptos para la exportación, Castillo dixit.
