Por: Mariella Balbi
Perú21, 19 de diciembre de 2018
Así como la marinera reza “la gripe llegó a Chepén, está matando mucha gente y solo muere la decente”, podemos afirmar que el desequilibrio de poderes llegó de manera abierta y franca a nuestro país. Tenemos un presidente que siente y cree ser el vocero más auténtico de los peruanos.
No toma en cuenta que tan solo el 45% de ciudadanos votó por el Sí en el referéndum. El ausentismo llegó a más del 25% de los votantes. Pero Vizcarra omite ello y se dice el intérprete del pueblo. Sin duda está empoderado, injiriendo burdamente en otros poderes del Estado.
Que Vizcarra y su premier digan a viva voz que no deben salir dos fiscales del equipo de Lava Jato revela un interés inusitado e impropio de parte de ambos. ¿Alguien le dice al presidente que tal ministro o tal funcionario deben quedarse en su puesto? Nadie. Pero la intromisión cabalga.
Vizcarra se alarma y afirma con maña política que “no podemos estar cambiando fiscales” cuando se lucha contra la corrupción. Ya bastante se entrometió en un poder del Estado cuando pidió que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dé un paso al costado. Que las cuantiosas críticas a su voracidad no tengan publicidad no borra que está interviniendo en Fiscalía y con pocos modales democráticos. La Fiscalía es una institución autónoma que tiene sus normas.
El presidente también mangonea en el Congreso. Ya envió su proyecto de Junta Nacional de Justicia al Parlamento realizado por personas politizadas. Actuará igual que con el referéndum: aprueban lo enviado o los desprestigio más. Su bancada está sublevada y se siente ninguneada, aunque a Vizcarra, con el poder que se ha arrogado, parece no importarle nada.
Si nos preguntamos por qué estas maneras tan invasivas con otros poderes estatales, la respuesta aflora claramente: el caso Lava Jato sigue siendo el substrato del despotismo presidencial. Es clarísimo que detrás de Lava Jato hay intereses poderosos y mucho “billetón”.
Es lícito criticar el probable acuerdo con Odebrecht. Lo sustenta un fiscal, relegado por el ex titular de la Fiscalía, Pablo Sánchez –quien hizo poquísimo por Lava Jato– y un procurador dependiente del sector Justicia.
No explican por qué solo se verán cuatro obras de Odebrecht, cuando son más. Tampoco sustentan los roñosos US$180 millones de indemnización, cuando el robo al Estado fue mayor.
Los ciudadanos no podemos depender de dos personas tan defendidas por el Ejecutivo. Se presta a que tengamos más recelo y suspicacia, preguntándonos por qué tanto patrocinio presidencial y tal linchamiento al fiscal Chávarry.
