Derecho a la transparencia

Por: Mariella Balbi
Perú21, 9 de enero de 2019

Una fiscal provincial va a la vivienda del ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, para que el colaborador eficaz que lo implica en Los Cuellos Blancos reconozca el domicilio. La acompañó un medio de prensa. En el gremio judicial y penal esto se conoce como una típica acción de amedrentamiento.

Coincide con la exigencia de un fiscal anticorrupción para que Chávarry deje de ser fiscal supremo. Lo altera que integre la Junta de Fiscales Supremos, parece una cruzada, algo vital. Han sido siete meses de ‘chavarryzación’ de la política peruana. ‘2M Analitycs’ da cuenta de que en este tiempo el fiscal Chávarry ha sido objeto de 1,248 portadas y 5,750 horas en la televisión nacional. En promedio, seis portadas diarias y 27 horas diarias de televisión. ‘Noticias’ siempre lapidarias. Una campaña artera, difícil de resistir por una persona que, además, no es política.

Es obvio que lo quieren preso. No es difícil notar que la ‘chavarryzación’ sirvió y sirve para que no pongamos atención al acuerdo con Odebrecht, lesivo en opinión de muchísimos. Incluye solo cuatro casos: Línea 1 del Metro, corredor vial del Callao, periférico del Cusco y la Interoceánica, solo la Sur. La Norte queda afuera. Tampoco Chavimochic, menos el Gasoducto. 

La razón es que Odebrecht solo acepta coimas en estos casos y punto. Marcelo Odebrecht y Jorge Barata dijeron que no tienen más que decir sobre lo ya declarado. Políticos seriamente involucrados con Odebrecht no están en los casos que contempla el tal acuerdo. Se teme que cuando se pregunte por estos, Odebrecht diga: no respondo, no pactamos sobre esos casos.

El pago es ridículo: US$182 millones, cancelables en 15 años. Según un fiscal anticorrupción, Odebrecht está ‘misio’. A Panamá le pagarán US$220 millones. Quienes definen el acuerdo son dos fiscales y un procurador, dependiente del Ejecutivo. Ni el fiscal de la Nación puede saber de qué se trata. Somos 30 millones de peruanos. Tenemos derecho a conocer qué compensación le dejan al país luego del saqueo a manos de Odebrecht y de nuestros políticos locales. La prisa y el secretismo solo benefician a quienes tienen poderosos intereses. Por menos hicieron un referéndum.

En marzo de 2017, cuando nada avizoraba esta tormenta, dos ONG dijeron que Pablo Sánchez (con siete acusaciones constitucionales) debía seguir a cargo de la Fiscalía porque era ¡el único que garantizaba la independencia! Crónica de una muerte anunciada. La nueva fiscal de la Nación no se pronunció sobre este importante tema. Esperamos que lo haga. Acá nadie vive en el ‘mango’.