Marcos Ibazeta Marino
Expreso, 3 de julio del 2025
En la lucha contra el terrorismo desatado por las demenciales bandas armadas del MRTA y Sendero Luminoso, constituidas como superestructuras del crimen organizado, los beneficios concedidos por ley a favor de sus militantes que contribuyeran al desmantelamiento de ambas organizaciones con la identificación de sus mandos, distribución territorial, estructura orgánica y metodología criminal, entre otros, dieron abundantes frutos con el llamado “arrepentimiento”, que obligaba al Estado, además, a garantizar la reserva de identidad del arrepentido, su protección personal y trato diferenciado no evidente en el régimen carcelario.
Sin embargo, como en nuestro país, pasado el susto y transcurrido cierto tiempo, todos olvidan sus compromisos, la identidad de los arrepentidos fue saliendo a la luz, ya no había protección personal y se cambió el régimen carcelario, poniéndolos a merced de los miembros más radicales de dichas organizaciones, o sacándolos al mismo patio, o facilitando a los recalcitrantes amagar masivamente en contra de aquellos con veneno en sus alimentos o amenazas directas contra sus familiares, entre muchos otros métodos para obligarlos a retractarse de sus declaraciones delatoras.
Al final, ya todos sabemos lo que ocurrió: ningún arrepentido quería ratificar su delación y la fiscalía no se preocupó de profundizar las líneas de investigación sobre los datos proporcionados, provocando que, luego de la anulación de todos los procesos por un gobierno torpe e ideológicamente desviado, los nuevos juicios no contaran ya con elementos de prueba suficientes para sustentar una condena. Casi todos fueron absueltos y puestos en libertad.
Con ese antecedente, algunos parlamentarios propusieron la vuelta de los “jueces sin rostro”, a pesar de que nunca fueron “sin rostro” y tampoco tuvieron protección personal eficaz, porque aquí “todo se sabe”.
El resultado del acogimiento a la “delación premiada” por parte de algún procesado por delitos graves cometidos como parte de una organización criminal, a pesar de la obtención de algún beneficio de atenuación o exención de pena, nunca llega a convertirse en un estado de paz interior ni de tranquilidad familiar y social, porque el Estado ni cumple con la reserva de identidad, no le garantiza protección y lo deja a merced de cualquier venganza.
Por otro lado, es sabido que las organizaciones criminales no dejan cabos sueltos y, si identifican que uno de sus integrantes pone en peligro a toda su estructura, simplemente lo asesinan antes de que el delator pueda contactarse con la autoridad.
En el Perú, parece que nuestra policía y los fiscales han olvidado que las organizaciones criminales se han incrementado y potenciado su actuar como “crimen organizado”, porque siguen tratando al delator como un sujeto procesal más, a sabiendas de que la vida de este no vale nada, porque la organización criminal terminará liquidándolo; total, hay sicarios de toda laya y todo precio.
Lo ocurrido con el aspirante a colaborador eficaz en el caso “Villarán”, quien venía tramitando su reconocimiento como tal por más de cinco años, es inaceptable por la incompetencia o venalidad del fiscal a cargo.
Si esto continúa, el crimen y la impunidad reinarán, porque policías y fiscales, con algunos jueces, o se hacen de la vista gorda o realmente son facilitadores.
