Por Marcial García, Socio de Impuestos de EY Perú
El Comercio, 28 de febrero de 2018
Existe cierto consenso en que el 2018 será un buen año para la minería. La producción nacional de cobre rompería un nuevo récord y alcanzaría los 2,5 millones de toneladas, lo que representaría un crecimiento de más de 80% en solo cuatro años. Con ese desempeño, el Perú se consolidaría como el segundo productor mundial, ampliando la distancia con China que antes ocupaba ese lugar. La meta del Gobierno es lograr los 3 millones de toneladas para el 2021, con la puesta en marcha de proyectos como Quellaveco y Mina Justa.
Hay razones para ser optimistas. Desde inicios del 2016 las cotizaciones de los principales metales que exportamos vienen registrando un significativo repunte (cobre 62%, zinc 142% y oro 22%). Esos mayores precios hacen rentables muchos proyectos que hasta hace poco no lo eran y, por tanto, debieran traducirse en mayores inversiones mineras en el país. Contamos con una larga lista de proyectos valorizados en US$51.102 millones, que en caso de desarrollarse podrían dar un fuerte impulso al PBI en los próximos años.
Pese a estas alentadoras perspectivas, no estamos exentos de riesgos. Quizás los más preocupantes sean los conflictos sociales, la actividad antiminera, la consulta previa y la inseguridad, que desde hace ya buen tiempo amenazan la minería. El último informe de la Defensoría del Pueblo revela que continúa siendo la actividad más vinculada a la conflictividad socioambiental, con el 65% del total de casos registrados. Estos conflictos son originados en zonas con brechas sociales y con pobreza, que es donde precisamente operan las mineras. La mayor cantidad se ubica en las regiones de Áncash, Apurímac y Puno.
El clima de violencia podría agudizarse en el marco de los comicios regionales y municipales de octubre, en los que se elegirán autoridades de las 25 regiones, 196 provincias y 1.874 distritos del país. La experiencia demuestra que los recursos públicos provenientes de la minería, como el canon, incentivan la proliferación de mafias que se infiltran en la política y usan las huelgas, las movilizaciones de protesta y el discurso medioambiental para avasallar a sus contrincantes con el único fin de llenarse los bolsillos de forma descarada.
Recordemos que en la última campaña electoral el número de candidatos con antecedentes cuestionables y posturas radicales fue enorme e, incluso, en muchas localidades, consiguieron el puesto público al que estaban postulando. Para muestra un botón: en Cajamarca, por increíble que parezca, el ex gobernador Gregorio Santos fue reelegido aun estando en prisión procesado por actos de corrupción. Este archiconocido opositor minero ha logrado prácticamente paralizar la minería en la región y es uno de los responsables de que sea considerada la más pobre del país por quinto año consecutivo a pesar de su inmensa riqueza geológica.
Solo queda esperar que en esta oportunidad se pongan los filtros necesarios para impedir que la historia se repita. La reciente ley que prohíbe la postulación de sentenciados por corrupción, terrorismo, narcotráfico y violación sexual es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Más vale prevenir que lamentar.
