Por: Marcial García
El Comercio, 29 de enero de 2020
Han pasado seis meses desde que el presidente Martín Vizcarra anunció, durante su mensaje por Fiestas Patrias, que su administración presentará un proyecto para una nueva Ley General de Minería, pero hasta ahora no se conocen mayores detalles acerca del contenido de la propuesta.
Esa larga indefinición está contribuyendo a ahogar un flujo de inversiones ya golpeado por el enmarañamiento de trámites burocráticos y los conflictos sociales, más de uno azuzado por grupos antimineros; no tanto por una justificada preocupación por el medio ambiente, sino por agendas políticas. Ello pone en riesgo la ejecución de proyectos mineros por varios cientos de millones.
Al fin y al cabo, la incertidumbre es uno de los peores enemigos de la inversión. Nadie apuesta por un país a ciegas sin conocer con anticipación las reglas de juego, y en nuestro caso la pésima experiencia de las últimas enmiendas al marco legal del sector hace que se genere aún más desconfianza.
Como se recuerda, el polémico planteamiento presidencial se dio bajo presión de los gobernadores regionales de la macrorregión sur, en medio de los conflictos sociales en torno a Las Bambas y Tía María. Si bien en setiembre el entonces primer ministro Salvador del Solar indicó que quizá solo se requerirían unos ajustes a la legislación actual, días después el Ejecutivo oficializó la creación de una comisión encargada de proponer cambios a la legislación vigente, que debería estar por culminar su labor.
Aunque el anuncio causó gran revuelo, los rápidos movimientos de la agenda coyuntural de los últimos meses le han ido restando protagonismo. La disolución del Congreso, el destape de los aportes de campaña de altos líderes empresariales, las idas y venidas en la conformación de la Junta Nacional de Justicia, los atípicos comicios del domingo, entre varios otros, se han robado la atención de la población dejando menos espacio para reflexionar sobre las implicancias de la reforma.
Más allá del camino que ha conducido hasta aquí, es urgente dar señales que transmitan confianza al inversionista. Si bien una nueva ley de minería debe ser fruto de un debate técnico serio, profundo, amplio y sin apresuramientos, ayudaría bastante a la tan necesaria predictibilidad jurídica que el Gobierno detalle y explique cuanto antes cuáles son las principales modificaciones que se contemplan. Sería bueno también que vaya abriendo canales de diálogo con todos los ‘stakeholders’ involucrados. Los procesos legislativos que confrontan diferentes puntos de vista son saludables y redundan en una mejor calidad de las normas.
Es incalculable lo que le cuesta al país estar en esta especie de limbo normativo, en términos de movimiento económico, empleos y tributos. Solo queda esperar que la propuesta del Ejecutivo sea sensata y que una vez en manos del nuevo Parlamento reciba la prioridad que merece. Si no se actúa con celeridad, la sensación de inseguridad jurídica seguirá en aumento, lo cual, sin duda, impactará en la competitividad de la minería peruana, postergando el desarrollo de una actividad clave para la economía. Acá, como dice el refrán, “en la tardanza está el peligro”.
