María Corina Machado, Coordinadora Nacional de Vente Venezuela
El Comercio, 14 de agosto de 2016
Se acerca, de modo inexorable, el momento de convocar al pueblo a ejercer la legítima y patriótica desobediencia civil generalizada. La rebelión ciudadana se justifica porque el régimen presidido por Nicolás Maduro ha roto el contrato social que une a un pueblo con sus gobernantes, haciendo imperativo su restablecimiento. En vista de que el régimen que destruye a Venezuela se niega a admitir una salida democrática, pacífica y constitucional a la grave crisis en que ha sumido a la nación, la rebelión cívica y patriótica no es solo justa sino también ineludible.
Toda noble, legítima e influyente tradición del pensamiento político occidental, basada en el disfrute de la libertad y en el ejercicio de la soberanía popular, consagra el derecho de los pueblos a rebelarse ante el despotismo y la opresión. En el caso venezolano, el pacto social de la nación, plasmado en la Constitución vigente, ha sido violentado, artera y reiteradamente, por un régimen despótico, con el pretexto de imponer una supuesta revolución de atrasada inspiración marxista, en lugar de respetar los fundamentos de la existencia ciudadana libre. Esa abierta violación del contrato social se ha manifestado en cinco planos principalmente:
En primer término, la Constitución de 1999 estipula nuestro contrato de convivencia en función de un Estado de derecho democrático-liberal, sustentado en el libre ejercicio de la soberanía popular, la separación y equilibrio de los poderes públicos y la renovación periódica de los gobiernos mediante elecciones libres y justas. Pero en Venezuela la soberanía popular ha sido secuestrada en nombre de un proyecto político hegemónico; son irrespetados los resultados electorales que no favorezcan los designios despóticos del régimen, y los poderes públicos obedecen dócilmente a un presidente jurídicamente cuestionado. La Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre del 2015, representativa de la expresión democrática de la soberanía popular, está siendo agredida por el régimen, que intenta aniquilarla por medio de las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sumisa al régimen ilegítimo, y siendo ella misma designada violando la normativa constitucional.
En segundo lugar, nuestro pacto social estipula un sistema de partidos compitiendo en un marco de igualdad, alternabilidad y reglas de juego mutuamente aceptadas; todo lo cual ha sido sustituido por la voluntad de la camarilla autoritaria de un partido oficial único, confabulado con sectores del estamento militar; haciendo un uso obsceno del dinero público, la censura y la intimidación generalizada, para impedir la alternabilidad en el poder. El propósito continuista está centrado en la permanente amenaza de violencia contra quienes nos negamos a someternos al despotismo oficial.
En tercer lugar, el régimen ha sido desenmascarado por el pueblo democrático como una dictadura. Lo sostengo así, pues la esencia de toda dictadura es la arbitrariedad en el ejercicio del poder, falseando o ignorando así la soberanía popular. Eso es precisamente lo que tenemos en la Venezuela de hoy. Toda la estructura legal que conforma nuestro ordenamiento jurídico, y el Poder Judicial en su conjunto, carecen por completo de autonomía, y responden a los designios de una presunta razón revolucionaria, que es utilizada por el régimen como justificación y excusa para perseguir, hostigar y apresar a sus adversarios políticos, asfixiando la libertad.
En cuarto lugar, el régimen ha convertido al Estado venezolano en una combinación de narco-Estado y Estado-forajido, colocándose fuera de las normas de conducta básicas vigentes en el marco de la convivencia civilizada a nivel internacional. Cada día se suman nuevos casos a la ya larga lista de funcionarios, civiles y militares, acusados formalmente en Estados Unidos con relación a manejos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos mayores. A todo ello se suman los comprobados lazos del régimen, a lo largo de los años, con toda suerte de organizaciones y gobiernos colocados fuera de la legalidad internacional y vinculados con el crimen organizado, la subversión y el terrorismo.
Como si todo lo anterior no bastase, y en quinto lugar, el régimen presidido por Nicolás Maduro ha empujado a la sociedad venezolana al abismo de una brutal, dolorosa e inédita crisis humanitaria, que se traduce en hambre, insalubridad, sufrimiento y muerte. Ya el mundo entero conoce, al menos en parte, la realidad del azote y la pesadilla que se han desatado sobre nosotros, aunque estoy persuadida de que aún no existe una conciencia clara, por parte de la comunidad democrática internacional, de la verdadera dimensión de la crisis y sus fatales consecuencias; tanto para los venezolanos como para la región.
Ante esta situación, los militantes de la oposición democrática venezolana hemos realizado, con estricto apego a los preceptos constitucionales, inmensos y permanentes esfuerzos para activar, en este mismo año, un referendo revocatorio, fórmula jurídico-política que abriría el camino a una salida pacífica y legal a la crisis de gobernabilidad que padecemos. Ante esta firme y constructiva actitud, la reacción del régimen no ha sido otra que sabotear y bloquear este intento, procurando ganar tiempo para desactivar la creciente presión internacional condenatoria y garantizarse así la impunidad que le brinda su ilegítima permanencia en el poder. En lugar de un referendo revocatorio, el gobierno apuesta por un presunto diálogo, que no es sino otro espejismo, una trampa para incautos destinada al fracaso.
Se hace cada día más evidente para los patriotas venezolanos – y es de esperar que lo sea también para la comunidad internacional–, que el régimen venezolano no tiene intención alguna de someterse al veredicto de la soberanía popular, a menos que pueda asegurarse, mediante controles totalitarios, un resultado favorable. De allí que no solamente esté impidiendo la celebración del revocatorio constitucional, sino, lo que es muy probable, que suspenda igualmente las elecciones regionales de gobernadores previstas constitucionalmente para realizarse este año.
Es un imperativo moral y un derecho para los dirigentes políticos democráticos, que asumamos a plenitud el significado de esta realidad. Debemos, por consiguiente, estipular una fecha límite y perentoria para que el régimen se pronuncie sobre la realización del revocatorio este año. De no ocurrir esto, de no aclararse el panorama político en los términos planteados, los dirigentes democráticos tenemos el deber de reaccionar y convocar al pueblo a la sostenida desobediencia civil generalizada. No se trata, en modo alguno, de un llamado a la violencia, sino a la rebelión pacífica y democrática, que es pauta constitucional para enfrentar el despotismo.
El más de 80% de venezolanos que rechazamos a Maduro y a su régimen debemos trazar la línea roja del referendo; más allá de la cual tendremos que hacer valer nuestros derechos, del mismo modo que otros pueblos oprimidos lo han hecho: mediante la protesta pacífica, perseverante y masiva.
Este es nuestro desafío como pueblo: encarnar y ejecutar la rebeldía cívica; la rebelión ciudadana de una nación que no puede perder más tiempo ni más vidas.
Lampadia
