Manuel Silva Pimentel, Especialista en Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad
5 de julio de 2017
Mucho se ha escrito respecto a la importancia de la infraestructura para el crecimiento económico en el mundo. Como pilar para el desarrollo, su impacto abarca áreas como la creación de empleo, el incremento de ingresos, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la provisión de servicios públicos, el impulso de la industrialización, entre otras. A pesar de ser un tema crucial en la agenda global, el desafío aún es grande dado que la brecha de infraestructura supera el trillón de dólares anuales según cifras del Banco Mundial.
Entre los tipos de infraestructura económica, el sector telecomunicaciones es el que ha cobrado mayor importancia en las últimas décadas. Actualmente vivimos una revolución digital sin precedentes que genera nuevos desafíos en lo que se refiere a infraestructura digital, es decir, aquella que soporta la provisión y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El impacto económico de las TIC crece a un ritmo mayor al 10% anual e incluso alcanza el 25% en economías en crecimiento, según Boston Consulting Group. En el caso de Latinoamérica, una región con más de 600 millones de habitantes, para cerrar la brecha digital se debe invertir más de US$45 mil millones anuales hacia 2020, lo que equivale a alrededor de US$70 dólares por habitante.
Debido a los altos costos y riesgos asociados a proyectos de infraestructura, sumado a las deficiencias en gestión y algunos problemas de corrupción que enfrenta la región, las colaboraciones con el sector privado a través de figuras como las Alianzas Público-Privadas (APP) han emergidocomo una opción para reducir la brecha de infraestructura, tanto así que actualmente representan el 40% de los compromisos de inversión en infraestructura en la región. Los proyectos impulsados están en su mayoría vinculados al despliegue de infraestructura, principalmente banda ancha, en zonas periurbanas y rurales para conectar a los no conectados y a instituciones públicas de seguridad, salud y educación. Sin embargo, ¿por qué no impulsar en paralelo proyectos para atraer inversiones y desarrollar capital humano en el sector?
Una de las experiencias más representativas sobre este tipo de colaboraciones público-privadas disruptivas es la implementación del “Smart Village” en El Cairo, Egipto, un parque tecnológico que actualmente alberga a más de 40,000 personas que trabajan en 160 organizaciones del sector instaladas en este espacio, entre empresas trasnacionales, regionales y locales, incubadoras, centros investigación y capacitación, y entidades públicas, incluido el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. La propuesta que dio lugar a este clúster estableció condiciones de participación que favorecieron la inversión privada, dado que el gobierno brindó 300 hectáreas de terreno y cubrió el 20% del costo mientras que los inversores privados asumieron el 80% restante y establecieron un modelo degeneración de ingresos a partir del alquiler del espacio.
Además de remover los obstáculos que tenían empresas del sector digital para invertir en el país, “Smart Village” logró articular un ecosistema de actores con objetivos comunes en un espacio físico que propicia la generación de alianzas, el intercambio de experiencias y aprendizajes, la generación de empleo y el desarrollo de capital humano especializado en el ámbito digital. Asimismo, luego de la construcción e inicio de operaciones de este espacio se evidenció un crecimiento del 50% en los flujos de inversión extranjera directa en el sector digital. En una región como Latinoamérica, donde el emprendimiento digital ha cobrado fuerza con un gran número de incubadoras, start-ups y empresas tecnológicas en crecimiento, la construcción de parques tecnológicos puede impulsar el desarrollo del sector, facilitar la interacción entre los distintos actores del mismo y atraer talento e inversiones en un rubro que crece a ritmos acelerados a nivel global.
En conclusión, es tiempo de apostar por proyectos que contribuyan a posicionar a la región como un jugador activo en el sector.¿Solo inversión es la solución? Definitivamente no. Los proyectos de este tipo necesitan estar acompañados de condiciones favorables como el compromiso del gobierno a todo nivel (nacional, regional y local), marcos regulatorios estables, normativas que faciliten el despliegue de infraestructura y, entre otras cosas, la instalación de antenas móviles que son clave para asegurar cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones, y un horizonte claro de medidas a adoptar en el corto, mediano y largo plazo para que la región no se quede relegada en esta revolución. Lampadia
