Por: Macroconsult
Número 47 del 5 de diciembre de 2019
Comentario Editorial
Las revelaciones recientes sobre aportes de empresarios nacionales a las campañas electorales últimas han hecho estallar un escándalo político mayor. Éste, de un lado, ha indignado a muchos ciudadanos porque la prensa presenta estos hechos como una indiscutida relación mercantilista de toma y daca; y, de otro lado, está permitiendo que algunos políticos traten de sacar provecho, en muchos casos con cinismo, distorsionando lo que ha sucedido. En este contexto, en Macroconsult creemos que es necesario hacer una evaluación lo más objetiva posible de los hechos, que permita una mejor interpretación de lo que ha acontecido.
En primer lugar, creemos importante señalar que todas las personas tienen el de 
recho de participar en la vida política de su país, con los medios a su alcance. Esta participación es siempre interesada, ya que la persona que se involucra, como militante o haciendo aportes financieros, lo hace para apoyar al partido político en el que cree o al que más le conviene. En la mayoría de los países democráticos esta participación está normada por la ley, la que generalmente concede grados bastante amplios de libertad a la actuación de las personas, pero pone límites a sus aportes monetarios y, en muchos casos, establece mecanismos de financiamiento público a los partidos.
En segundo lugar, hay que recordar que la existencia de partidos políticos, y especialmente el financiamiento de las campañas electorales, ha dependido hasta hace muy poco, casi exclusivamente, de las contribuciones privadas internas y de las que provenían del exterior. En las últimas dos décadas, lo que prevaleció, para los partidos de izquierda, fueron los financiamientos provenientes de la Venezuela de Hugo Chávez y el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva; y para los partidos de centro y de derecha, un apoyo decreciente de parte de fundaciones de Estados Unidos, España y Alemania, y las contribucio 
nes privadas, entre ellas las de algunos de los principales empresarios nacionales. Hay que señalar también, que han estado presentes el apoyo del narcotráfico y otros intereses ilegales, a favor de ciertos candidatos. Teniendo en cuenta la falta de ca pacidad de las autoridades electorales para supervisar el financiamiento que re cibían los partidos, estas contribuciones se hacían sin ningún tipo de control efectivo.
En tercer lugar, hay que reconocer que siempre ha sido difícil distinguir cuando las contribuciones de una persona buscan apoyar intereses generales, como pueden ser el modelo económico político y cuando éstas se convierten en una contribución mercantilista en busca del Quid pro Quo. Es probable que, en el caso de los aportes de los empresarios nacionales, la realidad contenga una combinación de ambos intereses. Sin embargo, creemos que no se puede, en justicia, generalizar, como si toda contribución de un empresario tuviera un interés puntual, que se oculta. Dicho esto, hay que señalar que, en el caso de financiamiento hecho desde empresas, este no debe afectar legítimos intereses de terceros, entre ellos, los del fisco o de los otros accionistas.
En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que esta situación ha sido afectada por las consecuencias de los escándalos de corrupción ligados a las empresas constructoras brasileras, especialmente, Odebrecht, que pusieron al descubierto esquemas que, en complicidad con socios nacionales, corrompieron a autoridades de gobierno, con la finalidad de obtener con 
tratos leoninos para la ejecución de obras públicas. Este esquema involucró, entre otros, el financiamiento a las campañas electorales de varios candidatos a la presidencia de la República, gobernadores, alcaldes y congresistas. La reacción ante estos hechos ha sido el rechazo de la población a los políticos y ha llevado al gobierno del presidente Martín Vizcarra a la promulgación de una ley sobre financiamiento de los partidos políticos, que pone límites a las contribuciones de las personas naturales y ONG externas, equivaletes a 120 UIT (S/ 504 mil) para el partido y 60 UIT (S/ 252 mil) para el candidato, con un máximo de 180 UIT (S/ 756 mil). También contempla dos formas de financia 
miento público: uno directo, que consiste en una transferencia monetaria a los partidos políticos que alcancen representación en el Congreso; y otro indirecto, que compensa la prohibición a los partidos a hacer gastos en televisión y radio, ofreciendo en su reemplazo la utilización gratis de espacios contratados por el Estado. Esta disposición constituye un avance en la dirección de hacer el funcionamiento de los partidos más transparente.
En conclusión, en el contexto que se ha descrito, nos parece que en la opinión pública se está juzgando a los empresarios nacionales a partir de las reglas vigentes el día de hoy, por una práctica que era generalizada en el 2011 y que en su momento no se encontraba prohibida. Sin duda, la aprobación de la Ley de Financia miento de Organizaciones Políticas marca un hito importante en la búsqueda de una mayor transparencia y equidad en la competencia electoral, la misma que en el pasado se vio afectada no sólo por aportes provenientes de actores privados naciona les sino de gobiernos de otros países (como Brasil y Venezuela), representando una injerencia externa indebida en la política nacional.
