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Home Opiniones

Institucionalidad, estado de derecho y calidad de vida

Álvaro Díaz Castro Por Álvaro Díaz Castro
28 de junio de 2018
en Opiniones

Álvaro Díaz Castro
Abogado en derecho de la empresa y minería
Para Lampadia

El Foro Económico Mundial, (WEF por sus siglas en inglés), no deja de recordarnos año tras año que el Perú anda como dice la canción: “un pasito pa´ delante y dos pasitos para atrás”. En el crecimiento macroeconómico no avanza a la velocidad que podría ser y más bien retrocede en otros rubros tan importantes como la institucionalidad, en los que ya estaba muy rezagado.  Podemos afirmar que, si no hay institucionalidad no es posible un sólido estado de derecho y sin ello no hay base para poder ser la mejor versión de Perú, como lo han logrado Corea del Sur, Singapur y varios países de distintas culturas, religiones, costumbres, idiomas y/o geografías.

De los 137 países evaluados (ranking 2017) Perú ha caído en institucionalidad del puesto 106 al 116 (en el año 2011 estaba en el puesto 95 de 142 países). No es lo único en lo que no andamos bien, pero sí en lo que estamos más atrasados.

La institucionalidad es entendida por el WEF como un asunto integral que comprende, entre otros principales aspectos evaluados, los siguientes: derechos de propiedad- que abarca también la protección de la propiedad intelectual-, control sobre  desvío de fondos públicos, confianza pública en los políticos, independencia del poder judicial, burocracia en función de la sobrecarga regulatoria, eficiencia en la solución de controversias, costos por terrorismo, crimen y violencia, confiabilidad en los servicios públicos, en todos los cuales estamos atrasados.

Este es un problema que a todos involucra: ciudadanos, empresas, gremios, gobiernos de turno, partidos políticos, congreso, poder judicial, aunque en verdad debemos precisar que la responsabilidad es mayor, por cierto, en determinados agentes de la sociedad y, en primer lugar, del gobierno, congreso y poder judicial.

El basamento del estado de derecho es la institucionalidad del sistema democrático; es decir, el respeto a las normas, a las autoridades (que se requiere sean respetables, honestas, preparadas), en la predictibilidad de los actos y decisiones (si busco tal permiso o efecto y cumplo lo que se me exige, el resultado debe ser, en el tiempo previsto, el permiso o el efecto buscado). Que no se pida la misma documentación en cada ventanilla (con muchas ventanillas por trámite), que dejen de crecer las exigencias burocráticas absurdas, que no añaden valor ni sirven de control (el BCR calculó que entre el 2012 al 2017 para lograr poner en marcha una mina, los permisos se incrementaron de menos de 30 a más de 200). Que cuando una persona litiga obtenga un resultado más o menos uniforme para casos similares, a base a normas claras y en los tiempos previstos, vale decir, que no sienta que entra a una ruleta donde cualquier opción podría ser el resultado, al margen de lo acreditado o no.

No tenemos por qué perder cuatro mil millones de soles anuales por las trabas burocráticos (como lo determinó un Estudio de INDECOPI el año 2012, y que al día de hoy debe ser una suma bastante mayor, sin contar lo que significa las inversiones que se desaniman en el camino o prefieren tomar el camino a la informalidad). Las decisiones deben basarse en la objetividad amparada en criterios técnicos y científicos, en estudios e investigaciones y no en percepciones, prejuicios, prebendas o abúlica desidia. La racionalización de la “permisomanía” debe ser atendida en sala de urgencia, porque es fuente no sólo de pérdida de dinero y oportunidades, incentivo a la informalidad, sino también caldo de cultivo para corrupción, mafias de lobbies y amigos, como sistema turbio para ofrecer asesorías y consultorías técnicamente innecesarias, pero burocráticamente exigidas.

No tener un estado de derecho consolidado y moderno ha dado como consecuencia que el Perú no goce plenamente de los beneficios de lograr un boom sea minero, agro exportador o «pisquero», tampoco gastronómico, turístico, pesquero o de la industria textil, por citar varios de los potenciales boom que Perú podría tener.

No es serio cuando pretenden hacernos creer que estamos en la cima en alguna de las actividades descritas.  Por ejemplo, hablando de gastronomía, el propio Gastón Acurio sabe y declara que para que la sazón peruana se internacionalice realmente (como los chifas, pizzerías o sushis), se debe tener producción agrícola de calidad y en suficiente cantidad que permita la presencia mundial de los exquisitos ingredientes que dan vida a la culinaria peruana, lo que conllevaría a un boom agroindustrial y agroexportador.  El buen nombre de los cocineros peruanos y sus restaurantes es sólo la primera pieza en tal objetivo.

La competencia del pisco peruano no es contra el pisco chileno, es con el vodka, ron, whisky, tequila. Lograr vender más pisco peruano que chileno no debe colmar nuestras expectativas, no debe detener el impulso a la verdadera meta de internacionalizar el pisco.  Dicho sea de paso, en tanto más culinaria peruana se expanda en el mundo, más pisco también se exportará.

En general, apenas estamos dando nuestros primeros pasos en este mundo signado por la globalización y la competitividad.  Por ejemplo, y me valgo de lo que oí con atención en una charla de Andrés Franco Longhi y luego comprobé en la estadística: Chile tiene la mitad de territorio que Perú, empero ha explorado en busca de minerales tres veces más que Perú; y, a pesar que tiene menos reservas probadas en minerales, exporta cobre, por ejemplo, más del doble que nuestro país (US$ 13,800 millones vs US$ 6,700 millones que exportó Perú el año 2017 – citando al IIMP Víctor Gobitz). De igual manera, Chile tiene considerablemente menos tierras agrícolas, pero exporta prácticamente igual que Perú. Tampoco tiene Macchu Picchu, la Amazonía, el lago Titicaca, playas de ensueño, reservas naturales como las de Manu, Pacaya-Samiria o Tambopata, o un Cañón del Colca o Cotahuasi, ni menos una riqueza cultural milenaria, pero recibe más de 50% de turistas que Perú; y podríamos seguir con más ejemplos, el salmón, la celulosa.

El puesto 35 que tiene Chile en institucionalidad (comparado con el 116 de nuestro país) explica en buena parte el por qué sí lo han logrado. Junto a todo esto tenemos el fortalecimiento de su identidad, una clara estrategia nacional, con planes a largo plazo construido a través de una interacción fluida, transparente y en un mismo sentido entre el sector público y el privado (y no de sospechas y prejuicios como ocurre en Perú).

En nuestro país, el enjambre de normas varias de ellas superpuestas, reiterativas y hasta contradictorias, son extremadamente complicadas de cumplir, sin distinción del tamaño de empresa, pero más aún para el pequeño o mediano empresario sin posibilidad de contratar estudios de abogados, consultoras que requieren estar inscritas en algún registro o asesores que deben ser de determinada especialidad para con su firma cumplir la norma. En el tema tributario se han trasladado complejas obligaciones al contribuyente para la detracción, retención o percepción de tributos, que debe hacerlo en forma, tamaños y sellos especiales o se convertirá en un nuevo evasor al estar haciendo el trabajo que no le corresponde, pero le obligan.  Debe verificarse el número de laptops según los metros cuadrados de oficina para que Defensa Civil no sancione y cierre el negocio, así como no olvidarse de legalizar por notario el documento original emitido por autoridad distinta a la otra autoridad, porque el ambiente de sospecha es en todo momento y a todo nivel.

Estimado empresario peruano: a usted se le considera culpable hasta que demuestre su inocencia, obviamente según el criterio y humor del funcionario de la entidad correspondiente.  No siempre es así. Hay funcionarios impecables, técnicos, éticos, comprometidos con el servicio, pero no estaríamos con la institucionalidad de cabeza si ello fuera la regla. Sin embargo, pensar que 10% de los casos correspondan a los narrados ya sería alarmante. En realidad, no hay data al respecto, pero probablemente sean considerablemente más los casos con alguno de estos vicios.

En el caso de la minería, como habrán podido verificar al realizar simples sumas, restas y multiplicaciones con los datos dados sobre potencial minero, territorio explorado y cantidad de exportación, resulta que Perú podría hoy estar produciendo no el doble sino el triple o cuatro veces más de lo que hoy exporta. Así, se generaría mayor recaudación tributaria, más puestos de trabajo, creación y crecimiento de empresas locales, programas sociales, cubriendo con los recursos generados gran parte de la infraestructura pública que requiere con tanta urgencia el país.

Señalemos que el tema ambiental, tan sensible a las críticas, está cubierto no sólo por una normatividad de las más exigentes a nivel mundial, con organismos supervisores que miran hasta debajo de cada piedra, sino que se cumplen altos estándares corporativos como requisito indispensable para ser objeto de inversiones y préstamos que viabilicen tales proyectos.

En este orden de ideas, ya podríamos estar en pleno desarrollo de los clusters, añadiendo valor agregado, diversificando inversiones (en mecánica, industria, transporte, mantenimiento, servicios, financieros, etc), generando un nuevo espacio de oportunidades, innovación y desarrollo.

Nos reafirmamos en la convicción de que la institucionalidad es la base necesaria para desencadenar tal dinámica, impulsar las potencialidades y generar las condiciones que todos deseamos para construir un futuro promisorio para todos los peruanos.

La selección peruana que admiramos y alentamos,  con la que queremos sentirnos identificados, ha logrado resultados interesantes, al volverse algo así como una isla al haber generado su propia institucionalidad: se volvió muy técnica, objetiva, transparente, tomando decisiones eficientes y respetando todas las instancias, sin interferir en las decisiones técnicas, actuando con predictibilidad, utilizando de manera adecuada y en la medida necesaria los recursos asignados (cuidando incluso que el presidente de la FPF no mezcle sus casos judiciales con la gestión de la federación). Ello produjo un gerenciamiento de real compromiso con el fútbol peruano y no en beneficios personales o favores futuros, y provocó el apoyo unánime a un entrenador con especiales cualidades que transmitió mística a los jugadores que volcaron todos sus esfuerzos, conformando un equipo coherente, sólido, alegre. De seguir con este esquema, podemos vislumbrar que seguirá mejorando aún más y hacer que las nuevas generaciones también desarrollen y continúen este legado, expandiéndolo, contagiándolo a otros deportes y a otras actividades.

Mientras tanto, volviendo al tema país, si no trabajamos como la selección ha demostrado se debe y puede hacerse, si no nos exigimos, construimos y asumimos el costo de generar institucionalidad, no habrá ni boom minero, ni agroindustrial, ni del pisco. Seguiremos festejando logros aislados, algún buen puesto solitario, creyendo haber tocado alguna cima cuando estamos en medio del camino, dejando pasar el tren de las oportunidades por una o varias generaciones más. Lampadia

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