UN LEGADO FUNDAMENTAL DE ESTA CRISIS ES LA URGENCIA DE LOGRAR EN EL MÁS BREVE PLAZO UN MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD.
Por: Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas
Gestión, 20 de abril de 2020
Reformar el funcionamiento de nuestro deficiente sistema de salud es una tarea ineludible frente a las exigencias ciudadanas en un escenario post covid-19. Según Ipsos, dentro de seis meses el 29% de los peruanos aumentará sus gastos en salud, ubicándose en el primer lugar de la economía familiar; asimismo, tras la pandemia, tres de cada cuatro ciudadanos priorizarán la preocupación por su salud en el largo plazo. Estas expectativas exigirán una rápida mejora en los servicios de salud en el país. Aparte de mejorar la salud pública, una reforma integral del sector deberá incluir la adopción de nuevas tecnologías y esquemas público-privados bajo nuevos modelos de gestión.
Persisten falencias históricas de la salud pública
La oferta pública hospitalaria desbordada que hoy observamos se da pese a que se han construido 150 hospitales a nivel nacional en el último quinquenio en un contexto de mayor aseguramiento público (habiéndose triplicado el número de atenciones). Severos problemas de gestión explican la inoperancia de muchos establecimientos de salud “nuevos” ante la falta de equipamiento o la escasez de profesionales especializados. Esto ocurre en un marco de fragmentación de prestadores y aseguradores públicos; y una deficiente regulación laboral signada por desiguales condiciones salariales, elevada rotación y una desproporcionada concentración de médicos especialistas en Lima. Esta situación no solo se explica por la falta de recursos presupuestales, sino también por la existencia de modelos de gestión y contratación desconectados del logro de resultados sanitarios y por la carencia de sistemas integrados de información y comunicación entre hospitales, aseguradores privados y entidades públicas rectoras.
No se ha logrado democratizar el acceso a la salud privada
Diez años después de iniciado un importante ciclo de inversión privada en el sector de salud, el aseguramiento privado tiene un techo referencial de 10% del mercado total, especialmente en los segmentos A y B. En un mercado caracterizado por una baja predictibilidad regulatoria y una elevada fragmentación de competencias en los tres niveles de gobierno, las asociaciones público-privadas (APP) suscritas no han avanzado al paso esperado. Por su parte, el reajuste de precios para absorber los mayores costos de la provisión de servicios de salud es limitado, lo que ha puesto un tope a la capacidad de los operadores y aseguradores privados para atender sosteniblemente una mayor demanda por atenciones médicas. A las posibles secuelas del covid-19 habría que sumarles una mayor demanda en línea con el patrón al alza de enfermedades crónicas, no transmisibles, ocupacionales y mentales.
Quiebre con modelo tradicional: Salud Inteligente
¿Por dónde empezar la reforma de nuestro sistema de salud? Ante las heterogéneas e insuficientes capacidades regionales, posiblemente se planteen iniciativas legislativas que “recentralicen” un conjunto de competencias hacia el Gobierno nacional, que agilicen la construcción y equipamiento de hospitales, y que aumenten las partidas presupuestales para incrementar los haberes de médicos y personal asistencial. Una visión más moderna debiera impulsar también un esquema de “Salud Inteligente” que apueste por la prevención y el monitoreo permanente, empleando nuevas tecnologías de información (e-cloud, data mining); robotización, nanotecnologías; y la reducción de los ingresos hospitalarios mediante telemedicina, atención ambulatoria y una mayor educación al paciente y su familia.
Hacia un modelo de cogestión público privado
Un nuevo modelo de cooperación con el sector privado también será necesario. Vale decir, uno que le permita a un operador privado reducir el costo de construir nueva infraestructura, acceder y gestionar grandes bases de clientes y de datos, compartir y diferir en el tiempo el costo de adquirir, probar y usar nuevas tecnologías, dispositivos y medicinas y abaratar el costo del aseguramiento y la carga financiera del paciente. Recordemos que 28% de la población financia directamente el gasto en salud de su propio bolsillo, pagando directamente la consulta, sus diagnósticos o sus medicinas.
En este contexto, es necesario reevaluar un nuevo enfoque de APP bajo un esquema de “pago por menor subsidio” para el fortalecimiento y gestión de redes integradas de salud. Por ejemplo, Fitel utilizó un esquema similar para ampliar la cobertura de telefonía rural de manera exitosa. La intervención privada debiera lograr: a) la recuperación de la capacidad resolutiva de la red mediante la rehabilitación de equipamiento e infraestructura; b) la adopción de plataformas tecnológicas que conecten a pacientes, promotores de salud, enfermeras y especialistas en los distintos niveles de atención, en módulos de prevención, tratamiento y rehabilitación; c) la generación de una única plataforma para la compra y dispensación de medicamentos, los servicios no asistenciales y de apoyo al diagnóstico, historia clínica electrónica, citas y supervisión; d) la retención del personal asistencial mediante sistemas de rotación y compensación por logros. En este marco, se requerirá aprobar un marco normativo para que todo nuevo hospital público pueda suscribir contratos de largo plazo con prestadores privados de servicios de bata gris, como mínimo. Una alternativa más audaz sería la administración hospitalaria a partir de contratos de gestión y, ya en el futuro, una estrategia que incluya también servicios de bata blanca.
Se requieren apuestas avezadas que desafíen el statu quo. Un legado fundamental de esta crisis es la urgencia de lograr en el más breve plazo un mayor acceso a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos. Los peruanos no nos conformaremos con nada menos.
