Luis Carranza
Perú21, 2 de marzo del 2025
«Desde el Congreso siempre hay interés por aumentar el gasto social y promover proyectos en las regiones, pero cuando se ponían en riesgo las metas fiscales había sentido de responsabilidad en la gran mayoría de congresistas. Esa responsabilidad ya no existe hoy en día”.
El proceso de desarrollo de los países se mide con variables económicas, pero las instituciones políticas son fundamentales en promover la inversión y la innovación, protegiendo los derechos de propiedad y fomentando la competencia. El reciente Premio Nobel de Economía fue para economistas que fundamentan esta visión institucionalista del desarrollo siguiendo la escuela de Adam Smith. Pero, alternativamente, también hay una visión del desarrollo que se sustenta en los valores culturales de una sociedad. En la línea de Max Weber, que explica la revolución industrial en los países que tienen la ética protestante, o la escuela de Schumpeter, que ve en el espíritu emprendedor de las sociedades la causa de su crecimiento.
Podemos analizar esta perspectiva de los valores culturales para entender qué está pasando con nuestro país. La Constitución de 1993 se redacta teniendo como pilares fundamentales dos valores de la sociedad peruana después de la hiperinflación de los 80. Primero, que la inversión privada es la que tiene que sacar adelante al país, que el sector público no tiene rol en la generación de empleo ni de riqueza. Segundo, que teníamos que ser responsables fiscalmente hablando y teníamos que reconstruir ordenadamente nuestro país.
Estos valores culturales fundamentales explicaron muchas acciones e interacciones durante las dos décadas siguientes. Primero, había una estrecha coordinación entre sectores público y privado para sacar legislación que promueva la inversión privada de manera competitiva. Segundo, la activa participación del sector privado en reformas estructurales importantes, como los tratados de libre de comercio (TLC) o la reforma educativa. Tercero, la responsabilidad de los líderes políticos y empresariales con la solidez de las finanzas públicas.
Para tener una idea de la magnitud de lo arraigado de estos valores en la sociedad peruana, en plena crisis política del 2000 y después de la renuncia de Fujimori desde Japón, se dio un proceso de recomposición política radical, pero nunca se pusieron en tela de juicio estos valores culturales. Es más, la severa crisis económica de fines de los 90 empujó a varios países de América Latina a gobiernos populistas; mientras que en Perú, poniendo mayor énfasis en políticas sociales, se mantuvieron los principios fundamentales de las políticas económicas. Por eso, logramos liderar el crecimiento económico y la reducción de pobreza en América Latina en la década del 2000.
Desgraciadamente, estos valores de nuestra sociedad se han ido perdiendo a raíz de los escándalos de corrupción de mitad de la década pasada y de la irresponsabilidad de los nuevos liderazgos políticos que tiene nuestro país. Ahora, las leyes y las instituciones no se hacen para maximizar el impacto en las inversiones privadas, sino para incrementar el tamaño del Estado e intervenir en los mercados, restando productividad a la economía. En medio de ese Estado en constante crecimiento, nuestros empresarios retoman los temas de beneficios tributarios de manera generalizada.
Peor aún, el cuidado por la responsabilidad fiscal ya no les interesa a nuestros políticos, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Desde el Congreso siempre hay interés por aumentar el gasto social y promover proyectos en las regiones, pero cuando se ponían en riesgo las metas fiscales había sentido de responsabilidad en la gran mayoría de congresistas. Esa responsabilidad ya no existe hoy en día.
Veamos los datos recientes para tener una idea del desorden en que hemos caído. Saliendo de la pandemia se establecen las nuevas metas fiscales fijando el déficit fiscal de 2024 en 2% del PBI y una suave convergencia al límite de 1% del déficit fiscal con respecto del PBI para 2026. De hecho, en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2022-2025 se ponen como estimados de ingresos y gastos no financieros para 2024 cifras muy cercanas a los 208,000 millones de soles, con lo que teníamos un ligero superávit primario y se proyectaba un déficit fiscal total dentro de la meta de 2% de la regla fiscal.
Pero ¿qué ocurrió en realidad? Los ingresos estuvieron muy alineados con la estimación, pero los gastos no financieros crecieron por encima de los 229,000 millones de soles, con lo que el déficit fiscal voló y terminó en 3.6% del PBI.
En el MMM 2025-2028 presentado en agosto de 2024 la meta de déficit fiscal ya se había elevado para el año 2024 a 2.8%, tal como el ministro Arista había anunciado a inicios del año y por lo que fue duramente criticado. En ese MMM se estimaba gastos no financieros del orden de los 219,000 millones, pero —como ya se comentó— terminamos el año con 10,000 millones más. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se controló?
La meta fiscal para el año 2025 es de un déficit de 2.2%, por más buena tendencia de ingresos fiscales por la regularización de renta, el ajuste del gasto corriente es indispensable para lograr la meta, especialmente cuando el actual ministro Salardi ha anunciado que mantendrá los beneficios tributarios pedidos por los gremios.
Más allá de preguntarnos si el ministro podrá contener el apetito desaforado de nuestros políticos, la pregunta es si como sociedad recuperaremos estos valores culturales o seguiremos transitando por estas rutas populistas que nos siguen alejando de la prosperidad.
