Lorenzo de la Puente, Especialista en Derecho Ambiental
El Comercio, 07 de mayo de 2016
Los decretos legislativos 1100 y 1105 de interdicción y formalización minera están siendo revisados por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, y son comentados en la campaña presidencial. Muchos coinciden en que tales normas no han sido eficaces; sin embargo, no hay acuerdo en cómo seguir adelante.
¿Qué hemos aprendido en estos últimos años sobre esto? Básicamente tres cosas. Lo primero, que una norma legal no es eficaz por sí misma y, por lo tanto, su derogación o modificación no debe ser presentada como la solución a un problema social. El reto del derecho ambiental peruano hoy es tremendo: modificar la conducta de las personas para que dejen de contaminar, lo cual no se consigue con normas únicamente –de hecho, la incorporación del delito de minería ilegal al Código Penal en el 2012 no ha tenido mayor efecto–.
Lo segundo es que, además de las familias de pocos recursos que subsisten como mineros artesanales, también hay gente muy rica y poderosa envuelta en la minería ilegal que no escatima en explotar a mujeres y niños para lucrar. Así como también hay funcionarios y congresistas vinculados a esta actividad. Se trata de un “negocio” extremadamente rentable que no se va a detener tan fácilmente. Las Fuerzas Armadas han tenido que salir a bombardear los equipos y las operaciones ilegales en la Amazonía pero aún no vemos que se imponga de manera definitiva el Estado de derecho en esas zonas del país.
Y también hemos aprendido que la minería ilegal viene destrozando nuestro territorio en dimensiones que no conocíamos y el Estado aún no logra que los causantes respondan y paguen por ese daño ambiental. Es decir, en algún momento el dinero para la remediación ambiental –cuando ella pueda ser posible, porque la naturaleza a veces no puede recuperarse– tendrá que salir del bolsillo de aquellos que pagamos impuestos, no de los ilegales o informales.
Lo cierto es que en el 2002 se iniciaron los intentos legislativos de promoción de la pequeña minería desde el Congreso y el Ministerio de Energía y Minas; sin embargo, eso no pudo prevenir el caos actual. El programa de formalización iniciado luego con los decretos legislativos 1100 y 1105, hace cinco años, no impuso sanciones y, además , permitió a quienes lo adoptaron hacer cosas que a las empresas mineras formales jamás se les hubiera permitido. Ya no se sabe qué otro beneficio podría otorgarse a los informales para incentivar su formalización.
Queda claro que muchos informales no estarían dispuestos a sacrificar ningún margen de ganancia y, por ello, no se preocupan por obtener permisos ni poner en práctica medidas de control ambiental o de salud ocupacional, además de los otros requisitos exigidos por la ley.
Los equipos de ambos candidatos a la presidencia parecen entender la gravedad de la situación, pero el apresuramiento por captar votos los podría llevar a planteamientos superficiales que no solucionarían este problema. El plan de gobierno de Peruanos por el Kambio reconoce que la minería ilegal deja utilidades por US$1.000 millones cada año, evadiendo unos US$305 millones en tributos, y que el valor de la producción ilegal e informal de oro entre el 2003 y el 2014 ascendió a US$15.777 millones, con una consiguiente pérdida en recaudación de impuestos a la renta entre US$1.131,2 millones y US$1.741,8 millones.
Por su lado, el plan de gobierno de Fuerza Popular señala que casi la totalidad de la pequeña minería, la cual da empleo a un número aproximado de 400.000 personas, se encuentra en la informalidad o ilegalidad, y que el Estado no ha sido lo suficientemente diligente para lograr su incorporación a la formalidad.
Además de lo que ambos planes señalan, es clave que los candidatos entiendan que, junto con el costo que tiene la informalidad para nuestro país, la contaminación se ha vuelto un modo de vida para los cientos de miles de peruanos vinculados a la minería informal e ilegal, lo cual hace más difícil y lenta cualquier solución a este problema.
La salida, pues, no está en la letra de la ley, sino en lograr una estrategia integral que cuente con el mayor apoyo posible de la sociedad. Por tal motivo, hay que exigirles a los actuales congresistas que no modifiquen los decretos legislativos 1100 y 1105, eso deberá corresponder a los miembros del Parlamento y al gobierno entrantes, luego de que definan una estrategia eficaz en el corto y largo plazo.
Quiero hacer una reflexión final que creo es muy importante: a diferencia del actual gobierno que intimidado por las protestas sociales se mantuvo “alejado” de la industria minera formal, el entrante deberá trabajar con ese sector, al igual que con otros, si pretende lograr una estrategia eficaz contra la minería informal e ilegal. El Estado ya demostró que solo no puede solucionar este problema; ahora necesita del concurso, entre otros grupos, de los mineros formales, indispensables para encontrar una vía de solución. ¿No es lógico, acaso, pedir ayuda a los que sí hacen minería de manera formal?
Lampadia
