Por: Leonie Roca, Presidenta AFIN
Gestión, 8 de setiembre de 2020
Más allá de la construcción de una infraestructura, lo relevante es la provisión de los servicios públicos con estándares de calidad y obligaciones de mantenimiento.
Los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), replicando la experiencia de los Juegos Panamericanos, parecen haber llegado para quedarse por un tiempo. Expliquemos paso por paso por qué funcionan. Primero, porque representan una solución a la obsoleta ley de contratación de inversión pública, legalista, burocrática y llena de vericuetos que hacen de la impugnación el arma mortal de la eficiencia en la ejecución. Segundo, permiten acceder a un conjunto de herramientas modernas de gestión pública como asesores de primer nivel, la metodología BIM y similares, contratos estandarizados, sistemas de trazabilidad, mesas de solución de conflictos que no dilatan la ejecución de las inversiones, entre otros beneficios. Tercero, porque se ha tenido el cuidado de simplificar, para la ejecución de los proyectos bajo un G2G, una serie de trámites y requisitos que siguen dificultando cualquier otro mecanismo de inversión en infraestructura pública como asociación público-privada (APP), obras por impuestos o inversión pública tradicional.
Recientemente se anunció la aplicación de este sistema para la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, así como para las vías complementarias a la Carretera Central. También, el grupo de inversiones de la Reconstrucción del Norte, ya licitado y otorgado al Gobierno británico y dos hospitales del Minsa, al gobierno francés. Recientemente y de manera sorprendente se ha incluido también una obra menor como la aplicación de la avenida Santa Rosa.
En AFIN promovemos las APP porque creemos firmemente que más allá de la construcción de una infraestructura, que es lo que se logrará con estos acuerdos G2G, lo relevante es la provisión de los servicios públicos que permite, con estándares de calidad y obligaciones de mantenimiento que garantizan su sostenibilidad en el tiempo, beneficiando a la ciudadanía.
Sin embargo, las demoras en los últimos cinco años, desde ProInversión, para impulsar proyectos de APP sumado al inmenso déficit de servicios públicos de calidad que tiene el Perú, hace atractivas estas iniciativas de convenios G2G, lo que obliga a continuar haciendo aportes que garanticen contar, en el mediano plazo, con un mejor marco institucional y velar para que lo que se avance en esta etapa no termine únicamente en la inauguración de una infraestructura, sino en la entrega del servicio respecto a la ciudadanía.
En esta línea, desde AFIN proponemos cuatro temas:
Primero, considerar que la excepcionalidad no debe relajar la mirada crítica de los mecanismos ordinarios y su perfeccionamiento. El cambio profundo de nuestra ley de contratación pública, la simplificación de la legislación de APP, la mejora en los procesos de obras por impuesto y el destrabe de los proyectos de APP en curso y los que están en cartera, no deben ser postergados más.
Segundo, sugerimos evaluar extender los contratos de G2G para que incluyan en sus alcances la licitación y entrega en operación, así como el correspondiente mantenimiento de las infraestructuras. Esto se puede hacer integralmente o bien licitar la construcción por un lado y la operación y mantenimiento por separado.
Tercero, explorar la aplicación de contratos de largo plazo a través de mecanismos “take or pay” que permitan ahorrar tiempo en la etapa de formulación de proyectos de infraestructura, puesto que esta sería privada y lo relevante no sería la obra física, sino la cantidad y calidad de los servicios que se prestarían al sector público por un valor determinado. Este mecanismo podría ser ampliamente usado en los sectores de saneamiento, salud y educación y se necesita avanzar con un marco legal simple y que con procesos transparentes permitan avanzar agresivamente en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de estos servicios.
Cuarto, los procesos de licitación de los G2G deben continuar siendo muy escrupulosos, promoviendo el acceso a una información pública y abierta para evitar cualquier cuestionamiento a este sistema.
