Julia Torreblanca
Presidenta de la SNMPE
El Comercio, 26 de mayo del 2025
Alexander Villarroel Zurita
Julia Torreblanca sostiene que el Ejecutivo debería de rectificar la disposición que abre la puerta a la sucesión del Reinfo, el cual –advierte– ha sido un escudo para la ilegalidad y la criminalidad.
La presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca, considera que se está tratando de generar las condiciones para que se siga extendiendo la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual –advierte– ha sido un escudo para la ilegalidad e incluso la criminalidad. Además, remarca que una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal (o ‘Ley Mape’) no debe encubrir un nuevo proceso de formalización.
— El titular del Minem, Jorge Montero, ha negado que lo dispuesto en el D.S. N°009-2025 se trate de un Reinfo hereditario y se precisará que la sucesión será posible en lo que dure la formalización. ¿Se está cometiendo un error desde el gobierno?
Sí. Aun cuando es bueno que precise que solamente dura hasta el 2025, ¿qué ocurre si por A o B deciden ampliar el Reinfo nuevamente? Está creando un monstruo el gobierno y una figura que no está contemplada en nuestro régimen. Un registro no es un bien, un derecho real. No es un automóvil, no es un edificio. Lo que debería hacer el Minem es rectificar. Y si gusta volver a la figura del decreto supremo que se dio en 2017, que hace mayor sentido: que sea heredable siempre y cuando el Reinfo esté sustentado por una concesión del titular del registro. Pero si no, aun cuando sea solamente hasta el 31 de diciembre del 2025, no debe proceder. No es una figura legal.
— ¿Debería ser derogada esta parte de la norma?
Efectivamente.
—¿Se está perpetuando la ilegalidad con este decreto?
Sí, porque por un lado tenemos que de acuerdo a la Ley N°32213 el proceso de formalización debe concluir en junio de 2025. Si lo deciden prorrogar, ha dicho el ministro, van a hacer el mejor esfuerzo para que no sea hasta diciembre. Pero de por sí están dando 45 días adicionales para que aquellos que tienen ya Reinfo suspendido puedan cumplir por lo menos con uno de los requisitos adicionales al RUC para permanecer. ¿Por qué no excluir ya de una vez por todas? Porque encima este proceso de exclusión no es automático, se puede apelar y eso se puede perpetuar en el tiempo más allá de diciembre del año 2025. Creo que el gobierno debe poner las reglas claras y ser congruente con lo que realmente se quiere. Pero ya no puede perpetuarse el Reinfo que ha sido un escudo para la ilegalidad y para la criminalidad en muchos de los casos también.
—Esto que ha ocurrido en Pataz, donde ha sido una exclusión automática, entonces a su juicio debería replicarse esto a nivel nacional…
Efectivamente, lo mismo que se ha hecho en Pataz debe extenderse a nivel nacional, no dar 45 días más. Les han dado 90 días más para que empiecen el trámite de explosivos. Imagínese, por un lado, les digo: tienen 45 días más para para conseguir uno más de los cuatro requisitos. Si ya tienes RUC, demuéstrame uno de los otros requisitos para que te quedes todavía en el Reinfo, a pesar de que ya es un Reinfo suspendido; y encima tienes 90 días para demostrar que has empezado tu trámite de licencia de explosivos. ¿Qué va a pasar mientras tanto? ¿Quién va a responder por las muertes que se produzcan por mal uso de explosivos?
— El Ejecutivo envió el año pasado una propuesta de ‘Ley Mape’. Sin embargo, ahora se envió al Congreso un informe donde se introducen nuevos conceptos. Incluso se planteó un nuevo procedimiento para el tema de explosivos. Más allá del fondo, ¿era necesario cursar este nuevo documento?
No, no era necesario. Más aún este nuevo procedimiento estaría creando un régimen que no debería. Ya existen las condiciones, ya se conoce cuál es el trámite para solicitar una licencia de explosivos. Y varios pequeños mineros y mineros artesanales ya cumplen con el procedimiento actual. Entonces, veo que hay trabajo innecesario y conceptos que nos confunden o que están intentando ganar tiempo para seguir extendiendo el Reinfo más allá de lo que ha comprometido el ministro de Energía y Minas.
— ¿Se está tratando de ganar tiempo para seguir ampliando el Reinfo desde el gobierno?
Creemos que ese es el riesgo. Porque no vemos el porqué de las observaciones y de los nuevos conceptos. Se están añadiendo conceptos que pueden generar mayor discusión en el ámbito de la Comisión de Energía y Minas para la ‘Ley Mape’ y eso pone en riesgo que el Reinfo realmente llegue a su fin cuando la ley lo indica. Estamos muy preocupados y hacemos un llamado a la reflexión al ministerio y también al Congreso para que se pongan a trabajar en una ley totalmente técnica sin crear conceptos.
— Por otro lado, en el Congreso, la Comisión de Energía y Minas aún no empieza la discusión para la ‘Ley Mape’. ¿Se está generando las condiciones para gatillar una nueva ampliación?
En mi opinión, sí. El Minem rehúye a su competencia sobre fiscalización a la Mape y a los inscritos en el proceso de formalización. Entonces creo que debe exigirle al Congreso que se pongan a trabajar juntos en una ley técnica donde se asignan las competencias correspondientes, sin evadirlas. No se debe de ninguna manera confundir el objetivo de la ‘Ley Mape’. La ‘Ley Mape’ no puede ser una extensión del Reinfo. Se puede dar un régimen de transición para que se adapten a los nuevos requisitos todos los mineros recientemente formalizados, pero para que puedan cumplir las nuevas normas que se dictaminen. Pero ya no se puede exceder y no se puede confundir con una carta blanca para extender procesos de formalización nuevamente, ni tampoco para violentar la propiedad privada, ni para ocupar concesiones mineras de terceros.
— Estamos hablando de plazos bien ajustados, 30 de junio 2025 y 31 de diciembre 2025 si es que el Ejecutivo decide ampliar. ¿Qué tan peligroso es que este debate de una ‘Ley Mape’ se prolongue, incluso, en un proceso electoral como el ya convocado?
Es muy peligroso. El riesgo grande es que no solamente se siga politizando este tema, porque eso es lo que ya está ocurriendo, sino que además que en el contexto de las elecciones, las economías ilegales pretendan no solamente financiar las campañas de los diferentes candidatos, sino que además pongan el tema al debate electoral, cuando este es un tema netamente técnico. Reconocemos que el Perú tiene mucha informalidad en general, pero en el caso de la minería, siendo una actividad de tanto riesgo y que además en el caso de la minería ilegal que se vincula con mafias criminales, no solamente se violentan derechos humanos, sino también derechos de todos los peruanos. Los partidos y sus candidatos deben firmar un pacto por la gobernabilidad, por la transparencia y además evitando y procurando que las economías ilegales no marquen el destino de nuestro país. Hay un trabajo muy serio que debemos todos enfrentar y los peruanos como votantes también entender que la minería ilegal nos afecta a todos.
— ¿Hay un riesgo de que la minería ilegal ponga agentes en el Congreso, incluso, en Palacio de Gobierno?
Por supuesto. Por eso tenemos la oportunidad de oro para hacer que el destino de nuestro país privilegie el desarrollo de minería responsable que cuide a las personas, a los trabajadores y al medio ambiente. Y para esto necesitamos una ‘Ley Mape’ que en adelante regule a los mineros artesanales y pequeños mineros formalizados.
