Por: José Luis Sardón, Magistrado del Tribunal Constitucional
El Comercio, 14 de agosto de 2018
A mi criterio, el Tribunal Constitucional no puede controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales que efectúa el Congreso. Así lo he señalado en el voto que emití contra la admisión de la demanda de inconstitucionalidad tramitada en el Expediente 008-2018-PI/TC.
No incurro, entonces, en adelanto de opinión al decir lo que pienso sobre la propuesta enviada por el presidente de la República al Congreso, respecto a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Concuerdo en la importancia de efectuar esta reforma, pero creo que dicha propuesta no es la más adecuada.
En esencia, el proyecto presidencial plantea que la elección del CNM se haga mediante concurso público. Sin embargo, más que ello, pienso que debe fortalecerse la rendición de cuentas de quienes realizan tal elección. El sistema actual diluye esta responsabilidad, al involucrar a demasiadas instituciones en dicho proceso.
Según las reglas vigentes, la elección del CNM corresponde a: 1) la Sala Plena de la Corte Suprema; 2) la Junta de Fiscales Supremos; 3) los colegios de abogados; 4) los demás colegios profesionales; 5) las universidades nacionales; y 6) las universidades particulares.
La propuesta presidencial sustituye a estas instituciones por una comisión especial integrada por: 1) el presidente del Poder Judicial; 2) el fiscal de la Nación; 3) el presidente del Tribunal Constitucional; 4) el defensor del Pueblo; y 5) el contralor general de la República. Está mejor, pero no es suficiente.
A mi criterio, deberían aplicarse aquí las mismas reglas que la Constitución establece para la elección del Directorio del Banco Central de Reserva (BCR). A todas luces, esta ha sido una experiencia exitosa. En medio del deterioro institucional de los últimos años, el BCR ha constituido una de las innegables fortalezas del Perú.
El CNM debe seguir estando integrado por siete miembros. El Poder Ejecutivo debe designar a cuatro, entre ellos a su presidente. El Congreso debe ratificarlo y designar a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Así, hay que llevar al mundo del derecho lo que ya funciona bien en el de la economía.
Esta propuesta implica simplificar drásticamente el sistema de elección de los miembros del CNM, disminuyendo el número de instituciones involucradas en ello. Además, estas instituciones serían los poderes del Estado elegidos por el pueblo, por lo que su responsabilidad en los nombramientos resultaría más clara.
Si estos poderes incurren en errores o excesos flagrantes, la opinión pública los hará retroceder. En los últimos veinte años, hay varias experiencias de esto. Puedo pero no quiero acordarme de algunas de ellas.
Por otro lado, esta propuesta evitará los conflictos de interés clamorosos que derivan del actual sistema. La propuesta presidencial no los resuelve. El nombramiento, la ratificación y la sanción de jueces y fiscales debe estar a cargo de personas elegidas por los re-presentantes del pueblo, no por ellos mismos o sus allegados.
A mi criterio, lo que debe desterrarse de la administración de justicia es la cultura de compadres desarrollada en ella. Debido a ella, otorongo no come otorongo, y se exigen estándares de conducta muy distintos a unos y a otros, dependiendo de si son o no amigos. El Estado de derecho implica que a todos se nos mida con la misma vara.
Finalmente, quienes piensen que esta alternativa implicaría politizar la administración de justicia deberán demostrar por qué la política monetaria —diseñada e implementada por el BCR— no está politizada. Les anticipo que no les será fácil.
