Por José Luis Bonifaz
(El Comercio – Portafolio, 21 de Julio de 2015)
El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) es un proceso de evaluación ex ante de los posibles efectos de una decisión regulatoria. Está enfocado en una selección de los posibles impactos potenciales analizados de manera sistemática y consistente, que surgen de la acción o no acción del gobierno. Es decir, debe analizar los costos que implica para el sector público hacer cumplir la normativa, al sector privado cumplirla, los beneficios económicos y no económicos a los usuarios y las implicancias económicas a los no usuarios. Se sustenta en el intercambio de información con los interesados acerca de los posibles impactos de la propuesta desde el inicio del proceso hasta la redacción de la propuesta final. Es decir, básicamente se trata de un análisis costo-beneficio para todos los grupos de interés de las normas o regulaciones promulgadas por el Estado. En otras palabras, se trata de verificar que la norma próxima a publicarse producirá más beneficios que costos al país.
En el Perú, cada vez que el Congreso de la República emite un proyecto de ley debería realizar este ejercicio. ¿Pero en realidad saben lo que hace? Casi lo único que se dice en el acá- pite denominado “análisis costo-beneficio”, en la gran mayoría de nuestras leyes, es la frase siguiente: “El proyecto de ley no irrogará gastos al Tesoro Público y los beneficios son evidentes”. ¡¡¡Y punto!!! Para ellos, eso es todo. No se toman la molestia de cuantificar los costos y beneficios de las leyes que emiten. No tienen idea de cómo afecta su creación normativa a los ciudadanos, a las empresas y al propio Estado.
Por ejemplo, la ley de expropiaciones ha sufrido varios cambios. En mayo de 1999 se promulgó la Ley 27117, Ley General de Expropiaciones. Luego se dictó la Ley 30025 que declaró de necesidad pública la expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de obras de infraestructura en mayo del 2013. Posteriormente, se dicta la Ley 30264 en noviembre del 2014. Ahora, dado que el 1 de julio del 2015 se publicó la Ley 30335, mediante la cual el Congreso delega por 90 días en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el gobierno ha presentado el proyecto de ley 4562/2014-PE, mediante el cual solicita la delegación de facultades para legislar en relación a las expropiaciones. En otras palabras, en poco más de dos años, la ley de expropiaciones se modificará tres veces. Me pregunto si en este caso han realizado algo que se le parezca al RIA.
Cuando una regulación crea tributos, modifica otras leyes, establece exoneraciones tributarias, asigna presupuestos, genera gastos de capital, crea organismos públicos o establece obligaciones al Estado, no se entiende cómo se prescinde de un adecuado análisis costo-beneficio. Lo peor es que casi siempre las regulaciones causan que el Estado incurra en costos administrativos de supervisión y ‘enforcement’ considerables que normalmente no percibe la población. ¿Es posible que sigamos emitiendo regulaciones así?
¿Es que no aprenderemos nunca que la modernidad del manejo del sector público requiere de la aplicación de técnicas simples pero efectivas? Esperemos entonces que el nuevo paquete de medidas venga con un RIA adecuado y que no termine impactando negativamente en la población.
