Estamos a menos de noventa días de inaugurar la cuarta promoción de autoridades regionales. Con base en la experiencia anterior podemos plantear algunas sugerencias de mejora:
Poner filtros al proceso de selección de autoridades.
El voto popular no siempre hace que se elija a las personas más idóneas para desempeñar los cargos públicos. En estas elecciones regionales y municipales se presentaron 1,395 candidatos con antecedentes penales; más aún, hay candidatos que ganaron las elecciones estando privados de libertad bajo serias acusaciones de corrupción. Si queremos mejorar la calidad de la gestión pública, debemos establecer algunos requisitos mínimos para las autoridades subnacionales, como, por ejemplo, el impedimento de postular cuando presenten determinado grupo de delitos, tales como terrorismo, corrupción, tráfico de drogas, minería informal, entre otros.
Mejorar las reglas de gobernabilidad regional.
A las autoridades regionales se nos cuestiona por realizar proyectos pequeños, pero sucede que, desde el primer minuto que se asume el cargo, se inicia un proceso de revocatoria promovido por intereses subalternos, lo cual impide que la autoridad piense en el largo plazo y en obras relevantes. Es así como se priorizan pequeñas obras en toda la región y se dejan de lado aquellas de mayor impacto, bajo la lógica de que las obras pequeñas demandan menos tiempo de ejecución y nos hacen percibir como una autoridad más eficiente. Un segundo aspecto que impacta sobre la gobernabilidad es la posibilidad de reelección. Esta genera que las decisiones se valoren de acuerdo a la conveniencia de ser reelegidos y no a la importancia que estas tienen para la región.
Dotar a los gobiernos subnacionales de instrumentos administrativos.
En los gobiernos regionales (GR) carecemos de un sistema administrativo que nos permita
monitorear mejor los insumos que transfiere el Gobierno Central (GC) en relación con los logros y metas. Si bien los datos financieros están en línea, los datos de resultados son menos oportunos y los datos de producción casi no existen. Alguna vez pensé que debemos generar una especie de tarjeta de crédito para los usuarios en donde se registren los servicios a los que tienen derecho; ello sería un cambio revolucionario en la gestión subnacional.
Transferir competencias sobre la base de una estricta certificación.
La certificación de recursos para la transferencia de funciones y competencias se hizo hace diez años, siendo un proceso poco exigente y cuya consecuencia natural fue el deterioro de los servicios que presta el Estado en las regiones. En esa dirección, es imperativo que el GC realice una certificación más seria y se revalúe la transferencia de funciones y responsabilidades a las regiones que no aprueben este proceso.
Modificar el proceso de obtención de recursos.
Actualmente la ley anual de presupuesto asigna a cada región y a cada gobierno local una determinada cantidad de recursos en su presupuesto inicial. Si las autoridades regionales desean hacer más obras, tienen que realizar sus gestiones en los diferentes ministerios. El resultado de este mecanismo es que los alcaldes y presidentes regionales, en promedio, gastan el 40% de su tiempo haciendo gestiones en Lima, lo que genera numerosas distorsiones en la calidad de los servicios locales. Al no tener quien administre la calidad, esta cae, y los recursos se asignan a los más “pedilones” antes que a los que más lo necesitan.
Finalmente, es importante que las autoridades del GC generen un marco normativo más riguroso para las autoridades electas subnacionales, penalizando conductas nocivas o extremistas que atentan contra el desarrollo ordenado y pacífico de la economía regional.
Estos son algunos de los cambios que, de realizarse en la dirección correcta, pueden ayudar a mejorar sustancialmente la calidad de los servicios que recibe el ciudadano de a pie, que es el objetivo último de todo proceso de descentralización.
