Por: José Luis Gil
Perú21, 7 de diciembre del 2023
Las pugnas entre bandas de distintas nacionalidades por ocupar la mayor parte de “plazas” traen como consecuencia hechos de sangre, a veces, inenarrables.
Lo sucedido en días pasados en Pataz, con el asesinato de nueve trabajadores de la minera Poderosa, demuestra que el Estado, las empresas mineras y los ciudadanos aún no terminan de entender la verdadera problemática de la criminalidad no solo en esa región, sino, en el país entero. Más aún, parece que todos creen que la compra de patrulleros o con desplazar 60 efectivos a la zona de conflicto el problema terminará casi por “arte de magia”.
El Perú está rodeado de organizaciones criminales que tienen estructuras organizativas con capacidad de expansión, “soporte” económico y logístico y, además, relaciones (políticas en muchos casos) que les permite “resistir” las acciones del Estado. Por Brasil ingresan la organización criminal denominada “primer comando capital” (PPC) más letal que el Tren de Aragua y el Comando Vermelho; por Colombia, los disidentes de las FARC y del ELN aliados con el narcotráfico del Cartel del Golfo; de Venezuela, el Tren de Aragua; y por Ecuador, Los Lobos y otros (entre ellos los que asesinaron al excandidato presidencial Fernando Villavicencio). Una “manada” salvaje que viene por los peruanos y sus riquezas.
El “botín” que todos se disputan son las llamadas “plazas”. Es decir, todas las formas criminales o las más “rentables” —como narcotráfico, trata de personas para explotación sexual, cobro de cupos o extorsiones, minería ilegal, tala ilegal, entre otros— son disputadas y sostenidas a sangre y fuego por medio del sicariato, principal procedimiento para amedrentar y someter a sus víctimas. Las pugnas entre bandas de distintas nacionalidades por ocupar la mayor parte de “plazas” traen como consecuencia hechos de sangre, a veces, inenarrables. El oro es ahora su principal objetivo, por eso necesitan “capturar” todo el negocio de minería ilegal para tener el control, luego, van por más.
Por eso planteamos diversas estrategias: estrategia internacional para involucrar países con el mismo problema y crear alianzas para la lucha conjunta contra dichas organizaciones; estrategia política para que la presidenta Dina Boluarte convoque al Consejo Nacional de Seguridad y definan que este es un asunto de Seguridad Nacional y que estas acciones criminales deben considerarse como terrorismo; estrategia operativa elevando el nivel de la de Inteligencia Policial; estrategia jurídica, para plantear normas en favor de la lucha contra la criminalidad.
Al gremio minero decirles que necesitan replantear la manera de hacer negocios, cambiar sus enfoques de relacionamiento comunitario, y plantear nuevas estrategias para atraer aliados y no generar enemigos. El gremio debe dejar celos, rencillas, complejos o competencias desleales en esta hora difícil para la inversión privada en el Perú. También deben reflexionar que pensar en dejar el país o las operaciones mineras, no debe ser una opción. ¡Éxitos! ¡Sí se puede!
