José Luis Gil
Perú21, 7 de noviembre del 2024
«De los importantes acuerdos que se tomaron… destacan los temas sobre garantías para que la Policía Nacional pueda hacer uso de sus armas, sin temor de ser procesados por la justicia penal, sino, por el contrario, por la justicia militar policial, que es lo que corresponde».
La presidenta Dina Boluarte se animó a convocar al Consejo de Estado, que integran los presidentes del Poder Judicial, del Legislativo y otras autoridades, para dar una muestra de unidad y encontrar fórmulas de solución a la grave crisis de inseguridad que vive el país. A pesar de que el Consejo de Estado no es una entidad oficial, al menos constituye en gesto político potente de cara a las autoridades regionales, municipales y demás organismos del Estado. En realidad correspondía convocar al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que incluyen al sistema de inteligencia nacional, el sistema nacional de defensa civil, los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales; sin embargo, se optó por un ente político más que técnico. Por ahora está bien, es un comienzo.
Como todos sabemos, la grave crisis de inseguridad ciudadana involucra cuatro actores específicos: el Ejecutivo, las instituciones civiles, la empresa privada y los ciudadanos. Pero son los empresarios de Adex, Confiep, SNI, Comex, Cámara de Comercio y otras, quienes han dado el ejemplo de gesto colaborativo ante la grave crisis de inseguridad, reuniéndose en diversos foros para acordar el apoyo a las instituciones, como la Policía Nacional (para dotarlos de implementos que sirvan a la lucha contra el crimen), Poder Judicial y Ministerio Público, implementando, gratuitamente, centros de flagrancia, los mismos que hasta ahora no funcionan en toda su magnitud, como siempre, por la terrible burocracia que nos agobia. Buen ejemplo de los empresarios.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) también ha iniciado reuniones con los gremios (aunque debería priorizar reuniones temáticas con los otros colegios profesionales) para encontrar coincidencias y así encontrar estrategias contra la inseguridad. Esperamos que el CAL mantenga la independencia respecto de posiciones ideológicas y políticas, y se concentre en lo que es mejor para el país con propuestas en materia jurídica que ayuden a superar la crisis.
Respecto de los ciudadanos, lo que corresponde es no prestarse a la manipulación de grupos violentistas y no asistir a convocatorias para marchas, mucho menos si estas provienen de personas ligadas al terrorismo o a los operadores políticos de siempre, que lo que quieren es enturbiar un foro mundial tan importante como APEC. Esa es la misión ciudadana por ahora. ¡Sí se puede!
