Por: José Enrique Vera Ocaña, economista en Macroconsult
Gestión, 6 de octubre de 2021
En 2020, el periodo de confinamiento social generó una pérdida masiva de empleos en el país llegando a registrarse en junio de ese año casi 6 millones de trabajos perdidos (respecto a junio 2019). No obstante, desde junio 2021 ya se ha logrado recuperar los niveles prepandemia. El gran problema de esta recuperación es que las personas han estado ocupándose en trabajos informales, obteniendo como resultado un empleo mucho más precario.
¿Y por qué no se ha recuperado el empleo formal? Son muchas las razones que incentivan a la población a migrar o permanecer en la informalidad, y más allá de las ya conocidas problemáticas preexistentes en Perú como la baja productividad de los trabajadores, los elevados costos laborales y no laborales, o la complejidad del sistema tributario. Se quiere resaltar el dato proporcionado por PRODUCE en su último anuario estadístico. La pandemia ha causado la extinción del 25% de empresas formales en el país en 2020 (aprox. 600 mil empresas). Entonces, con esta reducción importante de empresas formales por el contexto de crisis y el bajo incentivo actual por creación de empresas formales resulta entendible que, ante la necesidad, la población termine conduciéndose al mundo de la informalidad.
Ante la problemática de los altos niveles de desempleo, el actual gobierno propone desplegar una gran cantidad de obras públicas de mediana envergadura. Estas medidas potencialmente ayudarán a los hogares a generar ingresos y aliviar sus necesidades de consumo en estos momentos de crisis, pero como se sabe esto solo será temporal, siendo insuficiente para solucionar el problema de precariedad del empleo. Para lograr mejorar la calidad del empleo en el largo plazo, esas medidas deben ir acompañadas de la inversión privada, pero dada la incertidumbre política del país, la confianza empresarial se encuentra en niveles muy bajos, dificultando así la reactivación de la inversión privada.
Adicionalmente, el Estado debe priorizar desarrollar políticas que contemplen a todo el espectro de trabajadores formales e informales, así como a los desempleos. Por ejemplo, Pablo Lavado y Gustavo Yamada en el proyecto Perú Debate 2021 (CIES) establecen tres estrategias de política para mejorar la calidad del empleo y reducir la informalidad bajo un contexto post pandemia: (a) simplificar los regímenes tributarios que enfrentan las empresas; (b) brindar acceso a los servicios públicos que impactan positivamente en bienestar y productividad de la población; y (c) garantizar que el empleado tenga acceso a servicios de protección social básicos para su bienestar.
Está bien resolver las necesidades de corto plazo de la población, pero no olvidemos que deben estar acompañadas de políticas de mediano y largo plazo donde se contemple a todo el universo de la PEA. Sin eso y sin una mayor inversión privada, no esperemos mejoras significativas de la situación laboral en Perú.
