José Carlos Saavedra
El Comercio, 14 de octubre de 2017
Hay pocas cosas que hacen más daño a la población vulnerable de un país que las malas políticas públicas. Pregúntenles a quienes han sufrido las penosas consecuencias del populismo en la región. Y entre las malas políticas, las más crueles son las que se aprueban con la promesa de que beneficiarán a la población de menores ingresos y terminan haciendo todo lo contrario.
En el Perú de fines de los ochenta, por ejemplo, malas políticas macroeconómicas generaron una crisis tan fuerte que nos hizo aprender a golpes que con la estabilidad macroeconómica no se juega.
Pero parece que aún no hemos aprendido que las malas políticas sectoriales pueden ser igual de dañinas. Quizá la diferencia está en que quienes las sufren no son los mismos que quienes las aprueban.
En el Congreso, por ejemplo, ahora se propone con entusiasmo poner topes a las tasas de interés, con la promesa de “proteger” a la población de las altas tasas que cobran los bancos. Es una pésima idea.
Los conceptos más básicos de economía y la evidencia internacional demuestran que poner topes a las tasas de interés excluye del mercado formal de crédito a la población y empresas de menores ingresos, si dichas tasas no compensan el riesgo o costo de prestarles.
Si se aprueban los topes, la única opción de financiamiento de la población excluida serán los prestamistas informales, que suelen cobrar una tasa de interés anual de 800%, mucho mayor que cualquiera en el sistema bancario.
El Ejecutivo vuelve a hablar de un nuevo incremento del salario mínimo. Esto, probablemente, tenga un impacto positivo en un reducido número de trabajadores, formales y en empresas grandes.
Pero para las mypes será más difícil ser formales y la población más afectada, nuevamente, será la menos calificada y la de menores ingresos, aquella que más necesita de la protección y de los seguros que ofrece un puesto de trabajo formal.
Lamentablemente, en muchos casos la productividad es tan baja que no se puede pagar el salario mínimo. Cerca del 40% de los trabajadores en las mypes gana menos que el salario mínimo y 75% es informal. Aumentar el salario mínimo genera popularidad, pero aleja de la formalidad a los más vulnerables.
Usualmente se resalta la necesidad de hacer reformas para aumentar la formalidad y la productividad de la economía, pero es igualmente importante la necesidad de evitar que las malas ideas se conviertan en políticas.
En varios países, hay instituciones que cumplen ese rol. En Estados Unidos, el Congressional Budget Office, una oficina independiente en el Congreso, evalúa y publica el impacto esperado de las políticas. En Alemania, existe un grupo permanente de cinco economistas (Sachverständigenrat) que evalúa políticas económicas y publica un reporte anual con recomendaciones, que el Ejecutivo debe responder formalmente.
En el Perú no tenemos esto, pero el año pasado la Asociación Civil Transparencia propuso crear una oficina de Estudios Económicos en el Congreso, que sea técnica, independiente y que analice el costo-beneficio de los proyectos de ley. ¿Hay algún avance?
