El Gobierno anunció recientemente siete medidas para seguir promoviendo la inversión privada con la finalidad de que nuestra economía continúe mostrando un sostenible crecimiento. Sin embargo, no se ha anunciado algo similar en materia de inclusión y protección sociolaboral.
Casi toda la data económica del país es buena: crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), reducción de los niveles de pobreza, mejores niveles de ingresos promedio, y alto nivel de la inversión extranjera, y en Latinoamérica estamos en las tres primeras posiciones en casi todas las variables.
La data laboral también es buena, pero puede ser mejor. Nuestro desempleo no supera el 5%, cuando en el hemisferio norte como mínimo supera los dos dígitos y hay países que llegan al 30%.
El año pasado 165 mil nuevas mypes se formalizaron en el país (más del doble del promedio de los últimos nueve años). El empleo formal creció 5.5% en los últimos cinco años. El subempleo cayó a 35% (hace 10 años estábamos en más de 50%). El Perú está entre los países de la región con mejor crecimiento del salario real, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, hay aspectos claves que no varían mucho, como la informalidad laboral. En términos absolutos, en los últimos diez años hay un millón más de informales (al 2011). Eso genera que los niveles de protección social sean bajos o deficientes. Se estima que no más del 60% de peruanos están asegurados a un sistema de salud y pensiones contributivo regular. Las personas comprendidas en la ONP, AFP o sistemas militar y policial no sobrepasan la cuarta parte de la población.
En los últimos años, no se aprecia un esfuerzo relevante del Estado para reducir estos niveles, salvo la fiscalización y los programas de empleo del Ministerio de Trabajo. Es en estas épocas de crecimiento económico cuando el Estado debe generar políticas y normas que busquen una más agresiva inclusión sociolaboral.
Así como se está impulsando una gran transformación en el servicio civil, se debe hacer lo mismo con quienes no tienen protección sociolaboral en el sector privado, especialmente en informales, mypes e independientes.
Se deberían estudiar incentivos administrativos, comerciales y financieros para que las mypes incluyan en planillas a sus trabajadores, facilitarles el pago de tributos (el monotributo podría ser una alternativa), la simplificación administrativa (declaraciones juradas, por ejemplo), ventajas reales en las contrataciones públicas y mecanismos de inserción productiva, siempre que estén en planillas los trabajadores que contraten.
A la par, se puede trabajar en educar a los alumnos en una cultura sociolaboral, enlazar los módulos educativos con las necesidades laborales de las empresas, generar incentivos para la inversión en formación, capacitación y productividad laboral y seguridad social obligatoria para todos (el carnet del seguro debe ser más importante que el DNI). Hay espacio para mejorar y este es el mejor momento. Evitemos caer en la complacencia laboral.
(Publicado por Gestión, 11 de junio del 2013)
