Jorge Lazarte Molina
Voluntario de Integridad por el Perú
“Si no me dan lo que quiero, los mato”. Todo lo que sigue después de estas palabras, ya no es una negociación. Es ceder ante una amenaza, una extorsión, un chantaje. Muchos países del mundo han hecho suya la política de nunca negociar con terroristas, porque hacerlo legitimaría un actuar incorrecto y peligroso; sentando un precedente nefasto para el futuro.
La amenaza lanzada por Guido Bellido a la empresa Pluspetrol para renegociar el contrato de Camisea, tiene mucho en común con el inicio de una negociación terrorista. No sólo porque el propio Bellido es actualmente investigado por el delito de apología al terrorismo y forma parte de una organización vinculada a Sendero Luminoso; sino porque se da fuera del marco constitucional.
“Si no renegocias conmigo el reparto de utilidades, optaremos por la nacionalización o recuperación del yacimiento.” Nada de lo que venga después de una amenaza como esta puede considerarse una negociación. Si Pluspetrol acepta sentarse a la mesa bajo estos términos, estaría cediendo ante un abuso de autoridad y de poder que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico
Guido Bellido – por más fajines blanquirojos que se ate a la cintura – no tiene autoridad para forzar la renegociación de un contrato bajo amenazas de nacionalización o expropiación de inversiones privadas. Hacerlo se asemeja más a un acto terrorista que a un acto ministerial.
Pluspetrol tiene la oportunidad de sentar un precedente importantísimo para el Perú: “La empresa privada no negocia bajo amenazas terroristas.” De lo contrario convalidaría un acto ilícito y abriría una puerta para que el Estado busque trastocar todo el sistema contractual a punta de chantaje y extorsión; poniendo en riesgo la confianza y la seguridad jurídica en nuestro país.
El artículo 1362 de nuestro Código Civil exige que los contratos “deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”. En tanto no tengamos ministros que entiendan que estas son las reglas de juego, no hay lugar a negociación alguna.
No queremos un Estado que se anote triunfos y reconocimientos populistas, a costa de infundir miedo a los inversionistas nacionales y extranjeros. El fin no justifica los medios, y el terrorismo nunca ha demostrado lo contrario.