Semana Económica
Destrabe Empresarial, 12 mayo 2019
Por Jorge Lazarte
Cual crónica de una muerte anunciada, la oportunidad para generar una normativa única y ordenada que regule el transporte en patinetas y scooters en la ciudad, parece haberse perdido. Ya habíamos advertido acerca de la imperiosa necesidad de que la municipalidad provincial saliera al frente para normar esta nueva modalidad de transporte y liderara un esfuerzo consensuado para tener normas homogéneas de fácil comunicación a los usuarios que cruzan de un distrito a otro (ver: “La incautación del progreso“). Lamentablemente, ello no ha ocurrido.
La Municipalidad de San Borja se ha vanagloriado de haber sido la primera en emitir una ordenanza que regula el uso de vehículos de movilidad individual. Por su parte, la Municipalidad de Miraflores ha sido la segunda en salir al aire con normas propias, criticadas en su mayoría por los excesos de regulación y la falta de razonabilidad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha avanzado por un camino separado con normas que no se sabe bien como encajan entre las ordenanzas municipales; mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha mantenido un inconveniente silencio ante toda esta situación.
Entre los aspectos más importantes que urge regular de manera homogénea para evitar confusión en la ciudadanía, se encuentran las rutas por donde pueden circular estos vehículos; las velocidades máximas; los impedimentos de uso de ciclo vías, veredas, parques y plazas; la indumentaria exigida a los usuarios; y los accesorios requeridos para los vehículos. Surgirán muchos inconvenientes si algunas autoridades empiezan a exigir luces, cascos, coderas, rodilleras, velocímetros, timbres y elementos refractantes, entre otros.
También se requiere homogeneidad de los requisitos que se exigen a las empresas que alquilan estos vehículos. En San Borja ya se ha dispuesto la necesidad de celebrar un convenio con la municipalidad que le permita acceder a las aplicaciones virtuales de las empresas que prestan servicios de alquiler, en una clara intromisión a la libre iniciativa privada y el ejercicio de la libertad de empresa; mientras que en Miraflores y La Molina se ha impuesto la obligación de registrar todos los vehículos que circulan por sus calles, sin llegarse a comprender la razón de esta arbitrariedad.
Los excesos regulatorios contenidos en estas ordenanzas, lejos de fomentar la competencia, terminarán desincentivándola. Estamos presenciando el inicio de una situación de caos regulatorio en materia de transporte, y no habrá que esperar mucho para que el resto de municipalidades salga con ordenanzas propias. Pronto terminaremos teniendo cincuenta normas diferentes para poder circular en los cincuenta distritos que integran las ciudades de Lima y Callao; y con cincuenta registros vehiculares administrados por diferentes autoridades.
Esta atomización normativa dará lugar a una incertidumbre absoluta respecto de las reglas aplicables en cada distrito, generando confusión y poca predictibilidad entre los usuarios respecto de lo que pueden hacer o no en una ciudad que ya es de por sí bastante caótica. No podemos permitirnos otro atraso normativo en temas de transporte, ni mucho menos una ausencia de coordinación entre autoridades distritales y provinciales. La Municipalidad Metropolitana de Lima debe dictar una única ordenanza de alcance provincial y empezar a planificar con visión de futuro. De lo contrario terminaremos inmersos en un laberinto normativo del que nos será más difícil salir.
