Joma Gálaga
Perú21, 8 de marzo del 2026
El Seguro Social administra miles de millones de soles cada año para atender a los más de 12 millones de asegurados. Sin embargo, especialistas advierten, con datos, que el aumento de recursos no se ha traducido en más atenciones ni en mejores servicios, y alertan sobre problemas estructurales que podrían comprometer la sostenibilidad del sistema.
Caminar por los pasillos de un hospital de Essalud es encontrarse con la incertidumbre.
Afuera, desde antes de que amanezca, ya se forman filas de pacientes que esperan durante horas con la esperanza de conseguir una cita.
Dentro del hospital, la misma escena se repite todos los días. Familiares que, con esperanza, recorren ventanillas preguntando si llegó el medicamento recetado o quienes cargan resultados de exámenes en sobres manila mientras esperan que un médico les confirme si les dará atención adicional.
Entre quienes esperan en hospitales como el Almenara o el Rebagliati circulan siempre las mismas dudas: si el médico llegará a atender ese día o si la máquina está funcionando para que el examen finalmente se realice.
Una incertidumbre cotidiana que solo quienes se atienden en el Seguro Social conocen bien y a la que, muchas veces, no les queda más que acostumbrarse.
UN FONDO MILLONARIO
Detrás de un sistema que ya es ineficiente, existe una realidad paradójica: Essalud es uno de los fondos financieros más grandes del país.
Cada año el Seguro Social maneja alrededor de 4,500 millones de dólares en liquidez, recursos que provienen principalmente del aporte obligatorio que realizan los empleadores por cada trabajador formal, equivalente al 9% del salario mensual.
Es decir, a diferencia del Seguro Integral de Salud (SIS), que se financia con recursos del presupuesto público, Essalud funciona con dinero que proviene directamente del sector privado.
En teoría, ese aporte debería cubrir integralmente los servicios de salud de los asegurados, pero la realidad muestra que cada vez más familias terminan pagando tratamientos, medicinas o consultas de su propio bolsillo.
Según un estudio de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2023, el gasto de bolsillo en salud en el país superó los 15,232 millones de soles y casi 44% de ese gasto corresponde a la compra de medicamentos.
Solo en medicinas, los peruanos gastaron más de 6,300 millones de soles, una cifra que especialistas vinculan principalmente al desabastecimiento en el sistema público.
El informe también revela otro dato preocupante: más del 70% del gasto de bolsillo en salud proviene de personas afiliadas al SIS o a Essalud. En otras palabras, siete de cada diez peruanos que pagan de su propio bolsillo por atención médica ya estaban asegurados.
No se trata de una institución menor dentro de la economía del país. Con esos recursos se financia la atención de cerca de un tercio de la población peruana que depende del sistema para acceder a consultas, tratamientos y cirugías.
“El problema de Essalud no es que falte dinero. El problema es cómo se administra. Hoy más de la mitad del presupuesto se destina a planillas, mientras que montos mucho menores se asignan a medicamentos, equipos o infraestructura. Ninguna institución puede sostenerse así en el tiempo”, advierte el médico Marco Almerí, especialista en salud pública.
Según explica el doctor a Perú21, cerca del 55% del presupuesto de Essalud se destina al pago de sueldos, bonos y beneficios laborales.
La institución cuenta con aproximadamente 62,000 trabajadores, de los cuales más de 43,000 están agrupados en 28 organizaciones sindicales distintas. En ese contexto, las negociaciones colectivas anuales han incorporado diversos beneficios económicos que, según Almerí, no necesariamente se reflejan en una mejora en la calidad o en la cantidad de atenciones para los asegurados.
Los datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entidad encargada de recaudar los aportes del sistema, refuerzan esa idea.
“Si miras la información de recaudación que maneja la Sunat —que es la entidad que recauda el aporte a la seguridad social—, la recaudación se ha incrementado alrededor de 30%”, señala el economista Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
En conversación con Perú21 señaló que, aunque los ingresos han crecido en los últimos años, la producción de servicios no lo ha hecho al mismo ritmo. “Las remuneraciones han aumentado incluso más que la recaudación, alrededor de 38% en el mismo periodo, pero la producción prácticamente no ha cambiado”, indicó.
Esa falta de correspondencia entre presupuesto y servicios también se refleja en los tiempos de espera. Según explicó, las consultas especializadas pueden tardar en promedio cerca de 20 días, aunque auditorías de la Contraloría General de la República del Perú han identificado casos mucho más extremos.
EL MONSTRUO POR DENTRO
El caso de Petroperú suele mencionarse como ejemplo de cómo una institución se deteriora progresivamente hasta convertirse en una carga financiera para el Estado. Algunos especialistas advierten que, si no se corrigen ciertos incentivos internos, Essalud enfrentará un proceso similar.
Solo en 2025 se presentaron más de 50 proyectos de ley en el Congreso de la República del Perú vinculados al sueldo y régimen laboral de los trabajadores de Essalud, según un recuento de iniciativas revisadas por Perú21.
Las propuestas incluyen medidas como el pase de trabajadores contratados bajo el régimen CAS al régimen laboral 728, la incorporación de trabajadores contratados durante la emergencia sanitaria por COVID-19 al régimen CAS regular y proyectos que permitirían contratar personal para cubrir temporalmente puestos cuando el trabajador titular esté ausente.
Varias de estas iniciativas implican compromisos presupuestales permanentes y, según los especialistas consultados, no están acompañadas de estudios técnicos que evalúen su impacto financiero o su relación con la productividad del sistema.
Para Marco Almerí, este tipo de decisiones debe analizarse considerando los incentivos que existen dentro de la institución. Advierte que el sistema de remuneraciones y beneficios laborales no necesariamente está vinculado al volumen de servicios que se presta a los pacientes.
“Si el sueldo de los trabajadores de todo nivel de especialidad estuviese en relación con su producción, todo cambiaría”, sostiene. En su opinión, el diseño actual de incentivos puede contribuir a que el tiempo de permanencia en el establecimiento de salud tenga más peso que los resultados del servicio prestado.
La estructura laboral también condiciona la gestión interna del sistema. Essalud cuenta con decenas de sindicatos que representan a distintos grupos ocupacionales, lo que convierte las decisiones sobre organización del trabajo o condiciones laborales en procesos de negociación complejos.
Tras la huelga nacional convocada por gremios de trabajadores en 2025, dirigentes sindicales advirtieron a Perú21 que retomarían una huelga en caso de que las promesas de la administración no se concretaran, poniendo así nuevamente en riesgo la atención oportuna de los asegurados.
Carlos Gallardo también aseveró a Perú21 que, a diferencia de otras entidades públicas, el Seguro Social no se financia principalmente con impuestos públicos, sino con el aporte privado que realizan los empleadores sobre el salario de sus trabajadores para cubrir su atención médica.
Esto introduce un elemento adicional en el debate sobre su funcionamiento: si el aporte se paga, pero el servicio no responde con la misma eficiencia, el costo laboral se encarece sin que el sistema genere los resultados esperados.
POR DÓNDE EMPEZAR
Parte del debate sobre reformas al sistema pasa por revisar cómo se organiza la provisión de servicios dentro de Essalud, que es hoy administrado por el Estado, pese a la ya conocida ineficiencia y corrupción.
Según explica Carlos Gallardo, experiencias como las concesiones de los hospitales Guillermo Kaelin y Alberto Barton, adjudicadas en 2010, muestran mejores indicadores de atención que los hospitales gestionados directamente por el sector público.
En ese contexto, plantea que podrían explorarse esquemas más flexibles de provisión del servicio. “Si el objetivo es que la ciudadanía tenga un buen servicio de salud, el sistema podría permitir que las personas se atiendan donde prefieran y que luego Essalud pague por esa atención dentro de ciertos rangos de precios”.
Añadió, además, que cualquier reforma del sistema debe enfocarse en los incentivos y en la organización de la atención. “Cuando hablas con especialistas, muchos coinciden en que el primer nivel de atención es la clave. (…) Sería importante tener transparencia sobre la asistencia de los médicos. (…) El aumento salarial debería estar vinculado al valor que generas”.
Para Almerí, si no se soluciona en el corto plazo la gestión de los recursos en Essalud, puede acumularse con el tiempo y volverse insostenible.
“El riesgo es que se vaya generando una dinámica parecida a la que ocurrió en Petroperú: problemas estructurales que se arrastran durante años y que, cuando finalmente explotan, terminan convirtiéndose en una crisis que debe asumir el Estado”, advirtió.
