La brutal e injusta detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, no es un acto más de autoritarismo, arbitrariedad y vulneración de los derechos constitucionales de los venezolanos a los cuales ya ha recurrido el socialismo del siglo XXI durante los últimos tres largos y destructivos lustros que ya dura su hegemonía. Se trata de una declaración de guerra a la oposición democrática por parte del gobierno, en medio del caos económico y social que su impericia y falta de responsabilidad para gobernar han implantado.
Durante su corto mandato, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado múltiples intentos de magnicidio y golpes de Estado en su contra, fraguados todos –¿cómo podría faltar en el libreto?– con el supuesto beneplácito del imperio estadounidense y, más recientemente, bajo los designios de un antojadizo ‘hub’ conspirativo Madrid-Bogotá-Miami. De no ser tan trágico, movería a la risa y serviría de guion para construir un personaje extravagante de asegurado éxito en una serie televisiva. Pero no, no es para reírse… La cárcel es una posibilidad cada día más cierta para los líderes democráticos de la oposición.
La amenaza es pública y reiterada en contra de muchos de ellos. Se ha reiniciado la persecución, ahora con mayor ahínco, en contra del diputado y coordinador general del partido político Primero Justicia, Julio Borges, uno de los más decididos partidarios de la lucha democrática y electoral. El cerco a la defenestrada diputada María Corina Machado se abre y se cierra según una seña del alto gobierno y Leopoldo López es castigado periódicamente en su celda de cautiverio. Sobre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y los partidos que la forman llueven injurias; y Henrique Capriles, el líder de las grandes batallas electorales, es agraviado, casi a diario, por el primer mandatario en cadena de televisión nacional.
El gobierno quiere llevar a la oposición al terreno de la violencia –allí donde tiene todas las de ganar– para distraer la atención del monumental fracaso de su gestión. No es a la protesta callejera a lo que teme. La verdadera causa de su insomnio y de la renovada pulsión represiva que lo anima son las elecciones parlamentarias que deberían ocurrir a fines de este año. Las encuestas indican una caída abrupta en la popularidad del primer mandatario y en el apoyo a su gobierno, y, como si fuera poco, por primera vez la oposición supera al partido oficial, al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por eso la pintura de guerra y el puño de hierro dispuesto a aplastar a quienes pretendan contradecir el “proceso”.
La MUD y su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, no han pisado el peine, muy por el contrario, solidarios con Ledezma y los demás presos políticos han llamado a seguir preparándose para ganar contundentemente las parlamentarias pese a la ventaja oficialista.
La Unasur ha anunciado una misión a Caracas para propiciar un diálogo político. Su valiosa influencia con el Gobierno Venezolano debería ser aprovechada para incitarlo a poner fin a las arbitrariedades judiciales y a garantizar la celebración de las elecciones parlamentarias, según lo pautado en el calendario electoral y de manera transparente.
El diálogo de los votos es fundamental para solucionar la crisis venezolana. Unasur debería ser su garante.
