Javier de Belaunde, Abogado – Estudio Echecopar
Gestión, 11 de agosto de 2017
El 4 de agosto se conmemoró el Día del Juez. La fecha recuerda la creación, en 1821, de lo que hoy sería la Corte Suprema. Han pasado muchos años pero los problemas subsisten. Diversas encuestas ratifi can la descon- fi anza en el sistema de justicia. ¿Cuánto se ha avanzado este año? Las autoridades elegidas –Ejecutivo y Congreso–, ¿se han tomado en serio la importancia de una reforma que garantice los derechos de las personas y brinde seguridad a las inversiones? ¿Existen indicadores para medir los avances?
La situación no ha cambiado sustancialmente. La reforma integral de la justicia no es una prioridad en la agenda de nuestros políticos. Se olvida que no puede haber un crecimiento económico sostenible sin instituciones sólidas. Sin embargo, existen algunos aspectos positivos y una agenda pendiente. Veamos.
El “Acuerdo Nacional por la Justicia”, instalado en noviembre del 2016, que agrupa al Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Academia de la Magistratura y Ministerio de Justicia es un escenario clave para una reforma de consenso. Dos propuestas destacan (Cfr. Memoria de Gobierno, pág. 189). El proyecto de ley 1626/2016-PE, que crea un Consejo Permanente – INTERJUSTICIA para institucionalizar las acciones de coordinación y colaboración en la gestión de las políticas públicas en materia de justicia, conformado por las instituciones mencionadas incluyendo al Tribunal Constitucional (TC). Se explica pues la reforma no depende de un liderazgo aislado, exige un trabajo conjunto, coordinado y transparente de todas las instituciones involucradas que asuman el compromiso por la reforma. Además, se ha planteado la creación de un “Mapa de la justicia”. Es indispensable contar con información accesible y actualizada de todo el sistema que facilite la toma de decisiones. Hoy carecemos de ella.
La lucha anticorrupción, a partir del caso Odebrecht, plantea grandes retos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Hay avances. Falta mayor transparencia y celeridad para conocer las prioridades y decisiones adoptadas. La ciudadanía no logra entender por qué algunos están presos, otros siguen fuera del país, hay quienes no sienten el peso de la ley y otros promueven un indulto. Una mayor información y pedagogía ciudadana resulta fundamental. El mensaje debe ser claro: los corruptos deben ser sancionados sin excepción.
La justicia exige una adecuada gestión. La implementación del expediente digital es una apuesta trascendental que debe extenderse progresivamente a todo el sistema de justicia. Es imposible pretender ingresar al selecto grupo de países de la OCDE con expedientes judiciales que se siguen cosiendo a mano.
guen cosiendo a mano. El Congreso cumple un rol fundamental. Debe revisar el proyecto de reforma constitucional del CNM presentado por el Ejecutivo. Necesitamos “buenos jueces” y un órgano efi ciente que los seleccione y evalúe. El actual CNM ha perdido legitimidad. Su adecuada conformación es fundamental. No existen recetas perfectas. La propuesta del Ejecutivo no lo es. Debe ser revisada, pues elimina toda presencia de la sociedad civil. Ningún extremo es bueno, debe buscarse una mayor pluralidad. Además, el Congreso tiene pendiente elegir un miembro del TC. Una decisión fundamental. Es el órgano que interpreta y defi ende la Constitución. Por ello, no se entiende por qué el Congreso sigue insistiendo en acusaciones constitucionales contra sus integrantes por decisiones que a algunos no agradan. Al igual que los congresistas, los magistrados son inmunes por sus decisiones. Así lo dice la Constitución (artículo 201). ¿Es tan difícil entenderlo?
Ha sido un año con pocos avances. No perdamos nuevamente la oportunidad para concretar una reforma integral con compromisos y metas concretas. Debemos abordar temas trascendentales de cara al bicentenario.
