Javier de Belaunde, Abogado
El Comercio, 02 de agosto de 2016
Hoy nadie duda de que un sistema de justicia confiable y eficaz es fundamental para un Estado de derecho vigente. La democracia, los derechos humanos, el fin de la impunidad, el ejercicio responsable del poder público, el desarrollo económico y social, necesitan de un sistema de justicia que funcione razonablemente.
No obstante avances recientes, nuestra justicia padece de una crónica desconfianza debido a su deficiente funcionamiento. El malestar ciudadano no permite apreciar los esfuerzos y cambios impulsados desde la judicatura. No son suficientes. Tal malestar no es un estado de ánimo coyuntural, responde a la demanda de un cambio profundo que atienda a necesidades elementales del usuario y que muestre una justicia comprometida con los principales problemas del país, creíble, razonable y predecible.
Esta no es solo tarea del Poder Judicial. Es una política de Estado. Por ello, resulta indispensable un proceso de transformación profunda del sistema de justicia. Ello requiere de un compromiso entre los actores políticos, institucionales y sociales que permita no solo incorporar los principales temas de la reforma a la agenda pública y debate nacional, sino la adopción de medidas normativas y administrativas que la hagan viable y eficaz.
Hace más de una década, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) planteó el Pacto de Estado por la Justicia para aprobar las reformas constitucionales y legales necesarias, asegurar el presupuesto indispensable e implementar medidas conducentes a la reforma. Este pacto debía involucrar a los actores políticos, poderes del Estado, instituciones del sistema de justicia y organizaciones sociales. Sin embargo, faltó liderazgo y voluntad política para concretarlo.
En una década la reforma de la justicia ha entrado y salido de la agenda pública en virtud de acontecimientos coyunturales. Entre tanto, a los problemas endémicos se han sumado cuestiones apremiantes: lucha contra la corrupción, necesidad de responder a nuevas modalidades de criminalidad u obtener mayores avances en la justicia especializada en la reparación de los derechos fundamentales.
Este pacto es necesario. Pone la reforma judicial por encima de intereses políticos e institucionales de coyuntura. Asimismo, debe partir de acuerdos mínimos en los que los diversos actores comprometan y definan su rol. En esa línea está la propuesta de Transparencia y el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio que expresan la necesidad de abrir el ámbito de la reforma, involucrando a todos los actores, con el Poder Judicial a la cabeza.
Pero como la Defensoría del Pueblo oportunamente recordó, la reforma del sistema de justicia no significa solo la reforma del Poder Judicial. El sistema de justicia incluye un conjunto de instituciones (como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura) y operadores que deben guiar sus esfuerzos de cambio según un plan y estrategias previamente consensuadas.
El Congreso tiene un rol imprescindible en la generación de reformas constitucionales y legales. El Poder Ejecutivo en la formulación de políticas de acceso a la justicia, en la dotación de recursos presupuestales y en instituciones adscritas (por ejemplo, el INPE).
Pero más allá de ello, el cambio de gobierno constituye una nueva oportunidad para que haciéndose eco del reclamo ciudadano, el Poder Ejecutivo propicie el acuerdo por la justicia que permita, respetando autonomías, concertar un programa integral de reforma con compromisos claros y metas precisas.
Lampadia
