La modificación del canon intradepartamental, hoy en debate, es urgente. Para una mejor redistribución de los recursos sin afectar la gobernabilidad y generar eventuales conflictos, es indispensable mejorar la inequidad de la distribución. Para ello, se puede establecer que los gobiernos regionales, provinciales y distritales solo pueden acumular en sus cuentas por concepto de canon un monto máximo equivalente a un número X de veces del promedio anual recibido por este concepto los últimos cinco años, donde los excedentes irían a un fideicomiso concursable que se podría destinar de manera exclusiva a actividades y proyectos ligados a temas de salud, educación y desnutrición crónica dirigidos a la población de la región donde se originó el canon. Ello como parte de la revisión del triple beneficio de los distritos productores, incorporando variables como el monto total de recursos que reciben los distritos beneficiados, incluyendo los recursos de los llamados fondos sociales (fondos públicos especiales), que resultan de distintas operaciones extractivas, así como la capacidad de gestión que demuestren en un número determinado de años, estableciendo metas en salud, educación y desnutrición crónica, considerando las brechas de capacidades de los gobiernos descentralizados.
El esquema actual deja de lado actividades y proyectos de envergadura que tienen mayor costo y son de naturaleza multianual. Es posible establecer un mecanismo que asegure que en regiones con altos ingresos por canon un porcentaje de los recursos sirva para un fondo regional de desarrollo sostenible para el financiamiento de proyectos de impacto regional o para la mejora de servicios de gran prioridad (educación y salud) del territorio. Los recursos para ello serían de los ingresos extraordinarios cuando los precios sean también extraordinarios; el establecimiento de una banda de precios es una herramienta aplicable en estos casos, permitiendo constituir un fondo regional propio para el desarrollo sostenible.
En el caso de las universidades, las reglas vigentes no facilitan la articulación de los fondos de canon y la agenda de investigación y desarrollo del plan regional concertado y de los planes de competitividad regional. Se requieren mecanismos que movilicen dichos recursos mediante alianzas con el Concytec, universidades particulares de calidad y universidades extranjeras. Estos pueden ofrecer asesoría y asistencia técnica, cofinanciamiento del plus para los investigadores de la universidad, soporte institucional y calidad de los productos, asegurando el uso oportuno y eficiente de los recursos para la investigación y desarrollo para la región. En el mediano plazo estas alianzas deberían formar una generación de investigadores locales de alta ‘performance’ y desarrollar una institucionalidad que atienda estas necesidades para el desarrollo regional.
En tanto, el 50% de los recursos del gravamen minero debe destinarse para compensar a las regiones que no tienen canon y el 50% restante debe regresar a las regiones productoras, haciendo transparente un esquema de compensación que deberá priorizar a las regiones más pobres y con mayores necesidades básicas insatisfechas, orientando tales recursos a salud, educación y desnutrición crónica. Es indispensable abordar un tratamiento similar al conjunto de recursos provenientes de las otras modalidades de canon. Para ello, hay que constituir una mesa de trabajo entre los técnicos del MEF, de la PCM y de las asociaciones de los gobiernos descentralizados.
Publicado en El Comercio, 27 de enero de 2014
