Por: Janice Seinfield, Directora Ejecutiva de Videnza Consultores
El Comercio 16 de agosto de 2018
El Comercio 16 de agosto de 2018
Los escándalos del ‘club de la construcción’ han demostrado que la responsabilidad de la fiscalización no puede seguir recayendo únicamente en contralorías, fiscalías o en contadas investigaciones periodísticas. La transparencia en la toma de decisiones y el monitoreo social se hacen indispensables. La población debe poder conocer lo que el Estado adquiere, considerando que la gran corrupción se concentra, precisamente, en las compras públicas.
Diversos países de la región han comenzado a desarrollar sistemas que velan por la eficiencia en las compras gubernamentales. En el caso del Perú, el sistema de abastecimiento —que congrega a más de tres mil entidades públicas a nivel nacional— está liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene adscritos al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como ejecutor de las políticas en contrataciones del Estado y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras) para optimizar las contrataciones públicas. Cientos de unidades ejecutoras actúan simultáneamente como compradoras.
El Estado Peruano destina alrededor de 45.000 millones de soles al año entre bienes, servicios y obras, según ha detallado Fernando Masumura, jefe de Perú Compras. Esta gestión enfrenta varios problemas importantes. El principal, a mi juicio, es la brecha que existe entre la demanda que tenemos los ciudadanos por bienes y servicios que el Estado debe proveer y lo que efectivamente recibimos. En el sector Salud, por ejemplo, la falta de medicamentos en establecimientos públicos explica casi el 60% de las compras en farmacia privadas.
Un segundo problema es la falta de estandarización en las compras. Homologar los procedimientos y las especificaciones técnicas limita la discrecionalidad de los funcionarios a cargo de estos procesos y fomenta la transparencia. Hasta hace dos años, solo el 7% de estas compras se realizaba empleando herramientas electrónicas estandarizadas. Esta proporción ha aumentado a 14%, pero sigue siendo baja.
Una de las dificultades actuales es la existencia de varios sistemas de catalogación. Así, para realizar una compra se usa el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) de la OSCE; para pagar se emplea la estructura del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF; y para registrar el patrimonio está el Catálogo Nacional de Bienes, Servicios y Obras (CNBSO) del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) del MEF. Estas distintas codificaciones, además de otras propias de cada sector, hacen que la compra pública sea difícil de trazar. Es decir, “no deja huella” para poder vigilarla mediante sistemas de información.
A lo engorroso de los trámites se les suman malas prácticas que restringen o incluso impiden la competencia. Según el OSCE, un procedimiento clásico tiene un promedio de postores de 2,3, cifra que podría aumentar a 4,6 con la subasta inversa (se dobla) y a 73 ofertas con catálogos electrónicos (más de 3.100% mejor que hoy).
La agenda de corto plazo es clara: el Estado Peruano necesita utilizar un único sistema de catalogación electrónico que permita verificar las compras, desde que se planifican hasta que se ejecutan. Además, requiere articular los diferentes sistemas de información y publicar los hitos del proceso en apps y plataformas amigables. Finalmente, urge emplear estrategias de adquisición que fomenten la competencia cuando sea posible y que utilicen métodos de negociación innovadores cuando se carece de varios postores. Así, por ejemplo, cuando existen varias empresas en el mercado y los bienes que venden representan un gasto importante para el país, la aplicación de la subasta inversa promueve la competencia y genera ahorros al Estado. Pero si los proveedores son escasos, abrir la compra internacionalmente y emplear mecanismos innovadores de compras puede ser interesante.
Las herramientas digitales no solo deben brindar transparencia al proceso de compra, también deben permitir fiscalizar y dinamizar el mercado. La labor requiere de buenos gestores públicos y de ciudadanos vigilantes.
