Por: Jaime de Althaus, Analista político
El Comercio, 16 de julio de 2021
Vladimir Cerrón logró poner en brete a Pedro Castillo al invitarlo a hacer una presentación en el congreso de Perú Libre oportunamente organizado para el 24 de julio, conminándolo a hablar sobre “las metas irrenunciables de un gobierno de Perú Libre”. Es decir, a dar un examen antes de la asunción del mando, para ver si aprendió bien la lección. Y como para restregar aún más la línea de mando, el primer orador no será el futuro presidente, sino Vladimir Cerrón, y el gobierno, según el aviso, no será el de Pedro Castillo, sino el de “Perú Libre”.
Allí sucumbieron los devaneos de formar partido propio. Castillo es a estas alturas un botín político en sí mismo. Pero queda claro que la nota principal en el examen que rendirá ante Cerrón estará dada por lo que diga sobre la asamblea constituyente. Hay gente en su entorno que entiende ya que la idea de una nueva Constitución como mito fundacional y mágico talismán para resolver los problemas del Perú, es en realidad una trampa mortal que no solo saboteará cualquier recuperación económica sostenida en un momento en que se la requiere a gritos, sino provocará un conflicto político agudo que en el extremo podría llevar a la vacancia presidencial.
A estas alturas Castillo debe ser consciente de su intrínseca debilidad. No es solo que la mitad de la población no votó por él –en realidad, solo el 35% lo hizo considerando el total de electores-, sino que ni siquiera es seguro que haya ganado realmente las elecciones pese a que sea proclamado ganador. Y eso se conocerá tarde o temprano. Carga además con el pasivo de los juicios de Cerrón y de Bermejo, y, para remate, carece de mayoría en el Congreso.
No le queda entonces sino gobernar para todos desechando propuestas divisionistas y convocando a los mejores, y entenderse con el Congreso para gobernar. Allí las bancadas que creen en la economía social de mercado deberían apoyarlo con una agenda legislativa concordada siempre y cuando cualquier cambio constitucional se canalice a través del Congreso y del artículo 206.
Para el Congreso es, además, un asunto de sobrevivencia. Pues ya sabemos que las asambleas constituyentes en Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido instrumentos presidenciales para acumular poder absoluto, suprimir o controlar instituciones de control horizontal como el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y procurar la reelección presidencial.
Si se quiere cambios constitucionales se los puede hacer a la Constitución vigente. Sería un indicador de madurez nacional no andar cambiando de constituciones sino enmendar la que se tiene. Por lo demás, la izquierda ya debería haber entendido que la mejor manera de hacer redistribución social es potenciando una economía de mercado que genere más excedentes que puedan financiar un Estado capaz de brindar infraestructura y servicios públicos eficientes. Para redistribuir hay que generar riqueza.
De modo que no hay contradicción entre mercado y redistribución. No solo eso. El propio mercado necesita un Estado fuerte para proteger los derechos de propiedad y los contratos, establecer el imperio de la ley y regular los abusos monopólicos.
¿Tan difícil es entender eso?
