Jaime de Althaus
El Comercio, 2 de noviembre del 2024
Tiene que haber un camino claro, perceptible no solo por la opinión pública, sino por los propios policías, fiscales y jueces, para que se sumen y alineen.
El dramático alegato del destacado fiscal Jorge Chávez Cotrina explicando por qué los fiscales sueltan a los detenidos debería servir como punto de partida para un sinceramiento de la situación que lleve a esbozar un plan de solución del problema, compartido con la ciudadanía.
Chávez Cotrina comienza sosteniendo que los fiscales sueltan a los delincuentes porque el Gobierno ha dado el decreto legislativo 1585, que eleva la pena mínima a cinco y hasta ocho años para demandar prisión preventiva. Entonces, están obligados a liberarlos. Aquí exagera un poco. Esta medida es potestativa. No obliga al fiscal y al juez a liberar: puede, no debe. Pero, en la práctica, los sueltan.
Aquí hay un problema de fondo: el Gobierno dio ese decreto para descongestionar los penales, pero, al hacerlo, agrava la impunidad. Casi todos los detenidos son liberados y, de los procesados, solo el 12% recibe pena de cárcel efectiva. Las unidades de flagrancia, que sentencian en 72 horas, son parte de la solución, pero Chávez Cotrina afirma que el Ministerio Público carece de presupuesto para poner fiscales y peritos en ellas. Instalar esas unidades con laboratorios, medicina legal y carceletas en todo el territorio costaría S/1.800 millones. Pero construyendo además pequeñas cárceles para delitos menores, para que pueda castigarse a semanas o meses a quienes los cometen. Si no, es lo mismo que nada.
Chávez Cotrina señala que, además, los jueces sueltan a los detenidos porque piden pruebas científicas, peritajes, y no hay peritos, no hay laboratorios, no hay tecnología. Entonces, no es posible producir las pruebas. Cuando se captura a una organización criminal se incauta 40 o 50 celulares: “ahí están los mensajes extorsivos, pero no tenemos tecnología para leer los celulares”. “Nosotros trabajamos con la policía todos los días y vemos sus necesidades. Para poder desarticular una organización criminal se necesita inteligencia. Nuestros policías de inteligencia no tienen recursos tecnológicos ni el personal suficiente”. Además, “44% de la flota de patrulleros no sirve”.
Entonces, las autoridades responsables tienen que reunirse, sincerar la situación y exponer a la ciudadanía qué es lo que falta para dar una batalla efectiva y cuánto cuesta. Y luego explicar qué gastos y programas no prioritarios van a eliminar o postergar (incluyendo la adquisición de aviones de guerra), para financiar lo requerido.
Estamos en una situación solo comparable al avance de Sendero Luminoso a finales de los 80. Hay que tomar decisiones. Informando a la opinión pública de manera interdiaria acerca de cómo se va avanzando en las adquisiciones y soluciones, incluyendo los cambios legislativos, y si van disminuyendo o no las extorsiones, robos y homicidios. Con veracidad.
Tiene que haber un camino claro, perceptible no solo por la opinión pública, sino por los propios policías, fiscales y jueces, para que se sumen y alineen. Porque se sabe que hay comisarios, jefes policiales y magistrados que reciben parte del cupo que cobran los extorsionadores, por ejemplo. Y distribuyen en pirámide, hacia abajo. Unas camaritas en los uniformes ayudarían.
Necesitamos una gran cruzada que envuelva a todos. Pero ¿quién la lidera?
