Jaime de Althaus
El Comercio, 1 de noviembre del 2025
Bastaba un poco de liderazgo presidencial para que las cosas empiecen a moverse. Por supuesto, no vamos a ver resultados de manera inmediata, y quizá ni siquiera en meses, pero lo importante es que el Estado y la sociedad civil empiezan a organizarse para dar una batalla efectiva.
Como resultado de una coordinación con los transportistas el último día de la presidencia de Jerí en el Congreso, se aprobó la semana pasada una ley que crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), conformado por personal de élite, comprometido y poligrafiado de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con presupuesto propio. Claro, falta ver cómo y cuándo será, pero un grupo como ese cambia por completo la lucha contra la criminalidad: permite la coordinación inmediata para actuar y tomar decisiones de allanamientos, prisiones o información de las operadoras telefónicas o de la banca, que ahora pueden tomar semanas o meses.
Se han establecido reuniones de trabajo periódicas con las asociaciones de transportistas, mototaxistas, bodegueros y artistas para dar y recibir información útil para la investigación, generar confianza y desarrollar una “cultura de la denuncia” que no existe. Recién se aprobó el reglamento de la reserva de la identidad y la ruta para denunciar. Aunque parezca mentira, esa ruta no era clara. Incluso las páginas web del Ministerio del Interior y de la PNP tienen números telefónicos distintos para denunciar.
El Ministerio del Interior, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y Osiptel se reúnen con las cuatro operadoras telefónicas para que la información de un celular extorsionador se entregue de manera inmediata (y que el juez también la pida de manera inmediata) a fin de ubicar al delincuente y detenerlo. Asimismo, para controlar la venta de chips telefónicos en las calles.
De otro lado, como parte del estado de emergencia, el “Comité de Coordinación Operativa Unificada” integrado por la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, el Poder Judicial, el alcalde de Lima y otras autoridades se reúne regularmente bajo la dirección del propio Jerí. Las municipalidades distritales tienen un papel en el estado de emergencia: el Ministerio del Interior se reúne con las mancomunidades de Lima este, oeste, centro y sur; la Policía coordina con los alcaldes; los serenazgos participan en el control territorial, y se procura que los comités distritales de seguridad ciudadana funcionen e integren más eficazmente a las juntas vecinales.
Según la norma del estado de emergencia, debe fortalecerse las unidades de flagrancia, pero eso requiere presupuesto que no existe. En general, Policía, Fiscalía y Poder Judicial se quejan de que les falta presupuesto, pero no gastan lo que tienen para inversión.
El presidente Jerí debería informar por lo menos cada dos semanas al país acerca de cómo van estos esfuerzos, los avances y problemas, para que haya un rumbo que pueda ser fiscalizado por todos los ciudadanos como una forma de sumarse a la lucha.
