Jaime de Althaus
El Comercio, 16 de agosto del 2025
“Del éxito de este proceso depende que el Perú se integre como país, como sociedad y como Estado de derecho”.
La falta absoluta de conciencia de cuáles son los problemas importantes del país ha llevado al Congreso a entregarle la Comisión de Energía y Minas a Juntos por el Perú-Bloque Magisterial-Voces del Pueblo. La peor decisión posible para un tema como la Ley MAPE, que requiere un manejo muy fino, inteligente y responsable, y que es clave para definir el futuro de la minería, de la integración de los pequeños mineros andinos al sistema legal y de la lucha contra la minería ilegal.
Ya el flamante presidente de esa comisión, Víctor Cutipa, ha declarado que esa ley no es prioritaria y que más bien hay que prorrogar el Reinfo, lo que, como sabemos, solo sirve para darle cobertura a la minería ilegal. Ya está cultivando su bolsón electoral. Me pregunto si querrá reinscribir a los 50 mil excluidos, o si más bien estará de acuerdo con que la gran tarea ahora es formalizar a los 31 mil vigentes, lo que no es fácil porque en muchos casos no son ubicables y se requerirá un intenso trabajo de campo. Tiene que haber una voluntad conjunta para avanzar en este proceso, pues debe culminar antes de las elecciones a fin de diluir el clima antisistema y que cualquier financiamiento de campaña que hubiera podido ser ilegal sea legal, y por lo tanto inocuo.
Cutipa debería asistir a la mesa de diálogo que se formó entre el Ejecutivo y representantes de los informales y formales y del propio Congreso. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha llevado allí trece temas clave con sus respectivos articulados. Uno de esos temas es justamente qué pasa con aquellos pequeños mineros que, llegado el 31 de diciembre, no se hayan logrado formalizar, u otros que quisieran iniciar operaciones, considerando que ya no habrá (no debería haber) un nuevo Reinfo en el que puedan estar inscritos mineros en supuesto proceso de formalización.
Lo que propone el Minem es un nuevo régimen simplificado de inicio y reinicio de actividades mineras que permita que estos u otros pequeños mineros ingresen a la legalidad en cualquier momento, siempre que cumplan previamente con todos los requisitos básicos tales como tener una concesión minera o un contrato de explotación o cesión de parte de un titular minero, un instrumento de gestión ambiental simplificado con formatos estandarizados, un plan de minado simplificado y declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos.
Estamos ante un proceso formativo de la nacionalidad. Ante el cual hay dos vías: una consiste en punzar la herida nacional de la distancia con lo andino y popular agitando la tesis de que la gran empresa acapara y excluye a los pequeños mineros ancestrales, lo que no es cierto porque la gran mayoría de informales está en concesiones de otros pequeños mineros o en concesiones extinguidas. Y la otra vía es la de buscar la incorporación de ese capitalismo popular andino al sistema legal y formal.
Del éxito de este proceso depende que el Perú se integre como país, como sociedad y como Estado de derecho.
