Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 30 de octubre de 2021
Ya es muy claro que este no es un Gobierno serio. Pero eso no significa que no haya que hacerle caso, porque puede avanzar más rápidamente de lo que pensamos en la ruina del país.
Cuando se pensaba que el nuevo Gabinete había suspendido la línea confrontacional y, por declaración de la flamante premier Mirtha Vásquez, la asamblea constituyente ya no era prioritaria “por el momento”, resultó que ese momento duró menos de tres semanas. Dos días antes de la presentación de la primera ministra en el Congreso, la titular de Trabajo, Betssy Chávez, aseguró que la asamblea “sí era prioridad”, y la propia Mirtha Vásquez se olvidó de su declaración primigenia para proclamar en su discurso de investidura que “hemos venido a proponer un acuerdo, […] un nuevo contrato social”, tema sobre el que volvió al final de su alocución anunciando que ese nuevo “contrato social” se construirá “con las bases en el marco de una auténtica democracia”.
El Gobierno se radicalizaba, entonces, nuevamente, lo que era confirmado en simultáneo por el presidente Castillo desde Bagua, exhortando al Congreso a que “hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea”. Una bomba que volvió a levantar el precio del dólar y encendió todas las alarmas. Pero al cabo de tres horas, el presidente emitía un tuit implícitamente rectificatorio y, al día siguiente, Pedro Francke lo retuiteaba añadiendo una rectificación explícita: no habrá estatización.
¿Un presidente que dice lo que se le pasa por la cabeza sin cuidado por la destrucción que ocasiona? ¿Frivolidad revolucionaria? Sí, pero además lo que buscaba el Gobierno con todas esas señales juntas era decirle a Perú Libre que mantenía los estandartes en alto para que retornen al redil y le den la confianza al Gabinete.
Es decir, en lugar de aprovechar el acuerdo de Perú Libre de negar la confianza al Gabinete Vásquez para tender puentes con las bancadas de centro renunciando a la asamblea constituyente, con lo que el país hubiese respirado tranquilo enrumbando nuevamente al crecimiento, el Gobierno prefirió el movimiento contrario: radicalizarse tácticamente para retener a los cerronistas.
El problema es que el asunto no es solo táctico, sino que todo el plan de gobierno expuesto por la primera ministra es coherente con ese maximalismo. Porque no es casualidad que junto al llamado a un “nuevo contrato social” se anunciara un conjunto de subsidios, bonos y ampliaciones de programas sociales para reactivar la economía y “paliar el alza de precios”. Esa ayuda social no se necesitaría si se renunciara a la asamblea constituyente y se eliminara la incertidumbre. La economía se reactivaría sola y habría muchos más empleos y mayores ingresos. Y a costo cero. En cambio, solo el subsidio de S/70 mensuales a todos los trabajadores del sector privado que ganan menos de S/2 mil costará S/2.100 millones al año, según Macroconsult.
Si se insiste en costosos apoyos sociales para solventar la incertidumbre –en lugar de suprimirla–, es porque se quiere mantener a la población dependiente de donaciones gubernamentales para movilizarla por la asamblea constituyente. A esa movilización se quiere sumar al enorme contingente cocalero, al que se le ha ofrecido el empadronamiento universal, formalizando la producción para el narcotráfico.
Y en lugar de dejar que la economía crezca para incrementar los recursos fiscales, se pide facultades para subirle los impuestos a la exangüe clase media, gravando con tasas mayores los alquileres, las ventas, los ingresos de capital, los sueldos altos. Y cuando el próximo año casi no crezcamos y la pobreza vuelva a caer, el Gobierno no encontrará mejor recurso para paliar la situación económica que el populismo radical. Que es lo único que tienen en la cabeza.
