Por: Jaime de Althaus, periodista y antropólogo
El Comercio, 4 de mayo de 2018
Es alentador que el primer ministro Villanueva haya introducido por fin la discusión de ciertas reformas importantes. Claro, ha avanzado hasta donde el consenso le ha permitido, y eso le ha puesto límites.
Una novedad fueron las propuestas de reforma política, como la bicameralidad, y medidas para prevenir la infiltración de dinero ilegal en las campañas. Pero el vehículo principal para el ingreso de la corrupción en la política es el voto preferencial, y los congresistas, contra el fortalecimiento de sus propios partidos, no quieren eliminarlo. Lamentable. Deberíamos reemplazarlo por distritos electorales más pequeños para poder elegir y representar mejor, y permitir el financiamiento transparente de empresas formales.
Por supuesto, la corrupción va mucho más allá de esto. Afecta al Estado en su conjunto. Ha hecho bien el primer ministro en recoger propuestas de la Comisión Anticorrupción, pero lo fundamental es la reforma del Estado, incluyendo la del sistema judicial y la depuración policial, que exigen un acuerdo político que él no planteó. Y si bien tampoco puso énfasis en la simplificación administrativa y la digitalización total del Estado, sí lanzó algunas novedades muy positivas: retomar la reforma del servicio civil con concursos transparentes y meritocráticos –algo fundamental–, simplificar la organización absurda del Estado, establecer plataformas de servicios compartidos en regiones, y crear un sistema único de trámites virtuales para gobiernos regionales y locales para que no tengan que venir a Lima.
Incluso planteó una reforma de la descentralización, eliminando superposiciones y delimitando mejor las funciones entre los tres niveles de Gobierno. Y agencias para la coordinación multisectorial. Faltaría la recertificación de capacidades y la recuperación de la autoridad central en temas clave.
Esas reformas son necesarias, pues la anunciada inversión pública de 180 mil millones en los próximos tres años es imposible con el Estado que tenemos. Las facultades solicitadas deberían permitir contratar a empresas de gerencia de proyectos (PMO) internacionales que empaqueten proyectos. Pero no hay que engañarse: la recuperación económica seguirá dependiendo de la inversión privada (80%). Esta requiere confianza y seguridad jurídica, que el jefe de la PCM no ha dado en dos actuaciones recientes. Sin embargo, ha dejado claro que entiende la importancia de la inversión minera y del papel del Estado en facilitarla (ojalá), y de nuevos sectores como el forestal y acuícola –se está pidiendo facultades para darles el mismo tratamiento que la agricultura.
Pero nuestro modelo falla en aprovechar la energía emergente para crecer. La legalidad tributaria y laboral es excluyente. Mata el crecimiento del pequeño. No queda claro que las facultades pedidas incluyan ir a un régimen tributario único gradual y progresivo, que permita integrar a todos. Y en lo laboral se apuesta al Consejo Nacional de Trabajo, pero allí solo están empresas grandes y sindicatos protegidos, no empresas pequeñas. Se anuncia más que doblar el número de inspectores del Sunafil, para obligar a cumplir normas inaplicables y meter a la fuerza en planilla a medio millón de trabajadores. Pero la represión solo agravará el dualismo estructural.
Esta es la contradicción que frenará la recuperación del país.
