Jaime de Althaus
El Comercio, 18 de octubre del 2025
“Jerí se coronaría si logra entregar al próximo gobierno toda la economía del oro formalizada. Seríamos otro país”.
Cuando José Jerí se negó a renunciar a la presidencia del Congreso para dar lugar a una figura de consenso que pudiera presidir el gobierno de transición, quizá ya estaba pensando en el tipo de liderazgo que quería imprimir: sin pompas, llano, en el terreno, en diálogo sencillo con la gente y el periodismo, yendo donde las papas queman. Ha revelado instinto político y sentido de la oportunidad.
Su primer gesto fue dirigir una requisa en el penal Ancón I, que repitió dos días después en el penal de Lurigancho. Y casi su primera reunión fue con el fiscal de la Nación y la presidenta del Poder Judicial, algo que su antecesora no podía hacer. El mensaje era claro: voy a liderar la lucha contra la criminalidad empezando por establecer una coordinación entre los poderes, que era lo que no existía y que permitió el avance sin freno de la criminalidad.
De esa reunión y otras dos salieron propuestas claras: un proyecto de ley para crear un equipo especializado interinstitucional (policías, fiscales y jueces) con autonomía y presupuesto, y la creación de una división contra las extorsiones en la Policía Nacional. Tomás Gálvez, por su lado, repuso al reconocido y eficiente fiscal Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las fiscalías contra la criminalidad. Esperemos que Delia Espinoza no lo vuelva a remover.
Si realmente se forman equipos integrados de policías, fiscales y jueces comprometidos para resolver de manera inmediata los pedidos policiales de allanamientos, prisiones preventivas e información de las operadoras telefónicas, que es lo que ha estado fallando, podríamos estar ante un punto de inflexión. Pero hay que resolver el problema de gestión y corrupción que le impide a la policía adquirir la tecnología, equipos y laboratorios que no tiene: al 16 de octubre solo había gastado el 19% de un presupuesto de inversión de casi S/1.000 millones. Es la hora de llamar al sector privado para coordinar un programa de obras por impuestos para esas adquisiciones, o tercerizarle la compra. Y poner gerentes públicos.
Donde vemos problemas serios es en la lucha contra la minería ilegal y criminal y la formalización de los mineros informales, algo clave para el futuro del país e incluso para la consolidación fiscal, y uno de los pocos temas en los que el gobierno de Boluarte tenía ideas claras y estaba avanzando. Hay tres decretos supremos que fueron republicados y que deberían salir prontamente para acelerar la formalización de los 31 mil formalizables. Si no se avanza en eso antes del 31 de diciembre, prorrogarán el Reinfo y quizá se lo devolverán a los 50 mil que fueron excluidos, todo lo cual sería fatal.
El problema es que el ministro actual, Luis Bravo, estaría vinculado a Perú Libre (por ejemplo, fue asesor de un ministro de Energía y Minas de Castillo, sector que fue entregado a Perú Libre) y podría no estar interesado en acelerar la formalización, sino en prorrogar el Reinfo. Montero no debió salir.
Jerí se coronaría si además logra entregar al próximo gobierno toda la economía del oro formalizada. Seríamos otro país.
