Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 28 de agosto de 2015)
Los actores del descontrolado torneo de acusaciones y contraacusaciones de narcotráfico y financiamiento ilegal que estamos viendo quizá sepan que están embarcados en un juego mortal que puede terminar hundiendo a la democracia y con ella a todos juntos, pero, como en una tragedia griega, no pueden resistirse a la ‘moira’ fatal de seguir atacando.
Una manera de redimir esas fuerzas tanáticas sería aceptar que parte del problema se origina en la precariedad informal de nuestras seudoorganizaciones políticas, y que podemos dar las normas para favorecer una institucionalidad partidaria más sólida y menos vulnerable a los influjos de la ilegalidad.
Dejar, en otras palabras, que el Poder Judicial resuelva las acusaciones y transformar la energía destructiva en constructiva, abocándose a discutir de una vez las reformas electorales y políticas necesarias.
Ello requiere honestidad intelectual y dejar de evadir los temas incómodos. Por ejemplo, eliminar el voto preferencial, que obviamente es una puerta de entrada al financiamiento ilegal, porque los candidatos llegan en la medida en que disponen de más dinero para su publicidad. Allí está siempre presto a acudir el dinero fácil del narcotráfico y de las diversas mafias en curso.
Pero bien se ha dicho que si se elimina el voto preferencial, debe reforzarse la democracia interna en los partidos. Y allí vamos al objeto más general de la reforma: alcanzar un sistema de relativamente pocos partidos más institucionalizados. Lo que varios politólogos plantean es facilitar la entrada al sistema (rebajar sustancialmente el número de firmas requeridas para inscribir un partido), pero a partir de allí exigir elecciones internas o primarias organizadas y financiadas por la ONPE en las que participe un porcentaje mínimo del padrón. Si esto se hace bien, tenderían a desaparecer los partidos cascarón.
Por supuesto, hay que subir la valla congresal para las alianzas, que son una vía para sortear el requisito del 5% de los votos. Y aprobar distritos electorales más pequeños, uninominales de ser posible, para que la gente sepa quién es su representante. Que le transmita sus demandas y los fiscalice. Y para que los congresistas representen realmente a la gente y en particular a los informales, que no tienen representación.
En un país en el que la informalidad económica y laboral es altísima, solo los formales están organizados y pueden hacer llegar sus demandas. Ello genera un círculo vicioso por el que los partidos solo recogen las demandas de los sectores y trabajadores formales, ensanchando cada vez más la distancia, agravando la informalidad.
Pero si los informales no tienen representación, quienes sí se conectan financiando campañas, como hemos visto, son los ilegales, los narcos, etc. Por eso, operativizar el financiamiento público de los partidos, según dispone la ley, es indispensable. Incluso se debería subir los montos.
Pero más importante aun es facilitar el financiamiento privado legal, subiendo sustancialmente los límites, volviéndolo transparente y permitiéndole a las empresas considerar la donación como gasto. También que las empresas puedan donar a fondos, condicionando la entrega del dinero a los partidos que cumplan ciertos estándares u orientaciones.
Todo esto obligará a formalizar la política y a tener partidos mucho más institucionalizados.
