Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 9 de setiembre de 2015
Hasta ahora el gobierno parece jugar su baza más fuerte en el pedido de facultades para reducir un punto el IGV. Pero para lograr ese lujo de momentos mejores, se enreda en la camisa de once varas de medidas compensatorias extraídas del plan de gobierno de Fuerza Popular tales como restablecer la tasa del 30% al Impuesto a la Renta, sin reparar en el daño que ocasionará a las pequeñas empresas que no pueden descargar parte de las compras que hacen porque no reciben facturas.
Una salida al entrampamiento habría estado en desplazar el eje de las facultades de los ingresos a la reducción del gasto. Pues, con el correr de los días, varios ministros han ido descubriendo tumores burocráticos que reclaman decisión política para actuar.
Los primeros en dar la señal de alarma fueron el propio presidente, el jefe de la PCM y la ministra de Salud, que hablaron de una multiplicación de instituciones en ese sector que habían incrementado considerablemente la planilla del ministerio. Luego ha sido la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, revelando que en el Midis hay nada menos que 8 mil empleados para manejar unos cuantos programas sociales que ni siquiera tienen evaluaciones de impacto. El que se suponía era el ejemplo de un ministerio tecnocráticamente organizado resultó desplegando un ejército de activistas para distribuir dinero y alimentos en una megaoperación asistencialista que no puede ocultar ahora su naturaleza clientelista.
El resultado es que casi no hay dinero para ampliar Haku Wiñay (Sierra Productiva) el próximo año, un programa que sí tiene sentido y sería de enorme impacto porque entrega riego por aspersión y tecnologías para que los campesinos más pobres salgan de la pobreza por sus propios medios. Apenas se ampliaría en 20 mil familias, cuando necesitamos 100 mil por año como mínimo. Sin embargo, basta ver el presupuesto de Agricultura para advertir montos grandes para proyectos que no funcionan, o los programas productivos en Trabajo y en Salud, que se superponen con los Foncodes, o el incremento sustancial de los dineros entregados a Vivienda para proyectos de agua potable que no se terminan o no funcionan o no reciben mantenimiento.
Para no hablar de las 57 bases militares en el Vraem, casi tantas como el número de integrantes de las columnas de los Quispe Palomino. Eso no es una estrategia, es un negocio. Ahorraríamos muchísimo reduciendo su número a dos o tres y formando un grupo mixto de élite que, con inteligencia, se dedique a emboscar a dichas columnas, dándole un plazo de dos años para terminar con ellas.
Y con todo esto no hemos ni siquiera abordado la superposición de funciones y gastos entre los tres niveles de gobierno, que requiere de una profunda reingeniería, ni la sobreburocracia implícita en la sobrerregulación y la tramitopatía, que exigen una tala radical. Para todo eso, facultades sí.
