Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 7 de junio de 2019
Una vez que termine todo esto sería necesario dar una ley de desarrollo constitucional que regule la cuestión de confianza, para evitar lo que está ocurriendo ahora, que se da la cuestión de confianza pero con la salvedad de que tampoco se puede obligar al Congreso a legislar en determinado sentido.
Es decir, algo muy peruano y muy criollo: sí pero no. Se entiende que si el Congreso otorga confianza, es porque respalda la política por la que el Ejecutivo ha pedido confianza. El acto legislativo –el sentido de lo que se apruebe–ya se manifestó al otorgar la confianza.
La única manera de resolver esta contradicción en el caso presente es el consenso entre Ejecutivo y Legislativo. Eso significa que efectivamente el primer ministro y el ministro de Justicia se reúnan con la Comisión de Constitución para llegar a consensos que nazcan del intercambio de argumentos, de manera que la razón se imponga por su propio peso, pensando en lo que es mejor para la salud de la democracia peruana.
Para ello, lo conveniente es que esas sesiones se realicen a puerta cerrada –sin cámaras-, para que no sea la tribuna la que condicione las posiciones ni afecte los egos. Y miembros de la comisión de expertos deberían poder participar respondiendo preguntas de los congresistas o haciendo aclaraciones, porque el tema es complejo.
Quizá la propuesta que más ponga a prueba la capacidad de consensuar será la de la elección abierta y obligatoria de los candidatos de los partidos. Javier Velásquez Quesquén, por ejemplo, argumenta que esa propuesta afectaría el derecho de los militantes a una carrera interna que privilegie la meritocracia y la trayectoria, que es lo que estimula a los jóvenes a participar activamente en el partido. “Dejar que ciudadanos respetables sin militancia, inclusive adversarios, puedan decidir con su voto quiénes representan a un partido, no es congruente. Algún adversario con mucho dinero podría poner candidatos…”.
El argumento es correcto si es que realmente la propuesta facilitara el asalto de los partidos por terceros que pondrían sus candidatos y anulara el valor de la trayectoria interna. Pero no es así. En primer término, para ser precandidato se requeriría tener cuando menos un año de militancia, y los estatutos del partido pueden poner requisitos para ser precandidato, según el cargo al que se quiera postular. No cualquiera podría serlo.
En segundo lugar, en esas primarias obligatorias votarían 24 millones de electores. Supongamos que de esos, un millón y medio escoge votar en la lista del Apra. ¿A cuántos tendría que pagar un adversario para conseguir que se elija a un precandidato en particular, y cómo aseguraría que lo hagan si la gente va a votar en sus mesas usuales de votación y no en los partidos?
Por último, es verdad que muchos de los que voten no conocerán a los precandidatos al Congreso, por ejemplo. En ese caso votarán en blanco o nulo, pues, tal como es ahora con el voto preferencial. Pero a la larga algunos de los que van a votar se animarán a inscribirse. Los ciudadanos honestos y capaces con vocación de servicio querrán ingresar a un partido, porque habrá certeza de que los resultados de las elecciones internas se respetarán. Los partidos volverán a atraer ciudadanos y se renovarán. Tendríamos partidos más vivos, más activos, más cercanos.
