Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 10 de Diciembre del 2022
“[Es necesario] pasar ahora al debate de las reformas políticas para mejorar la calidad de esa democracia preservada”.
Solo la mano de Dios puede explicar que Pedro Castillo se lanzara a dar un golpe de Estado sin ningún apoyo. La hipótesis de que los mandos militares le hicieron creer que lo respaldarían para que cayera en la trampa es inverosímil. Lo cierto es que las instituciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas, funcionaron. La afirmación de la democracia es un saldo muy importante de todo esto.
Así como la fortaleza del modelo económico ha logrado resistir la anarquía de los últimos años y la acción destructiva del gobierno de Castillo, la institucionalidad ha logrado contener los embates autoritarios. Claro, no se necesitaba una gran fortaleza para contener un intento de golpe tan chapucero, pero debe notarse que la institucionalidad funcionó bien durante los últimos 15 meses para contener un proyecto que apuntó siempre, con distinta intensidad, a cerrar el Congreso e instalar una asamblea constituyente, que es un instrumento de concentración del poder, y a apoderarse de los recursos del Estado.
La contraloría, la procuraduría y, sobre todo, la Fiscalía de la Nación actuaron muy diligentemente para denunciar actos de corrupción desnudando la verdadera entraña del régimen. No temieron denunciar y enfrentar al poder. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tuvo que soportar ataques difamatorios de todo orden, y ella y la fiscal Marita Barreto amenazas directas a sus vidas.
El Congreso, pese a su mala imagen, cumplió un rol que debe ser reconocido. Si no hubiera sido por la ley de la cuestión de confianza y la del referéndum (que no restringe derecho alguno, como mienten algunos), y por la ley que impide cambiar a los comandantes generales durante dos años, el Gobierno hubiera podido avasallar y otra suerte nos cantaría ahora. También aprobó una ley estableciendo requisitos para los altos funcionarios, que revirtió en algo el asalto patrimonialista. El Tribunal Constitucional, por su parte, convalidó las dos primeras leyes y dictó una cautelar contra la pretendida denegación fáctica de la confianza, al mismo tiempo que rechazó la denuncia por traición a la patria a Castillo, lo que habló de su imparcialidad.
Por supuesto, el Congreso, el sistema político y el sistema judicial adolecen de fallas profundas que hay que abordar con reformas, pero en la defensa de la democracia funcionaron, lo que constituye un buen punto de partida para pasar ahora al debate de las reformas políticas necesarias para mejorar la calidad de esa democracia preservada. También al desarrollo de una agenda de reformas del Estado y de la formalidad, para ir a un Estado inclusivo y con servicios públicos eficientes. Acabada la guerra, es el momento de pasar a los temas de fondo.
Pero que la paz entre los poderes se mantenga depende de la calidad y del Gabinete que nombre Dina Boluarte. Ella carece de bancada y, por lo tanto, depende del consenso de la mayoría del Congreso. En ese sentido, su Gabinete debe reflejar la composición o la orientación de esa mayoría. El problema es que también tiene que asegurar la paz en las regiones, pues hay descontento en las zonas rurales y hay grupos radicales y violentos que alimentan la narrativa de que Castillo ha sido destituido por los poderes limeños. Para no hablar de Antauro Humala, que hace tiempo que anda incurso en el delito de rebelión sin que la fiscalía reaccione. Necesita Boluarte un ministro de Desarrollo Agrario y un viceministro de Gobernanza Territorial que conozcan la sierra y apliquen políticas efectivas.
Por lo demás, las tareas son elementales: retirar de las instituciones públicas a todo ese personal predatorio (el Congreso deberá investigar esto), empezar a recuperar a los técnicos que se fueron, derogar los decretos supremos que complican la actividad empresarial y destruyen el empleo, y sentar las bases de la recuperación nacional.
