Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 13 de noviembre de 2021
El Gobierno no tiene remedio. El potencial de pragmatismo que el presidente Castillo tiene termina siempre ahogado en las pulsiones radicales que lo gobiernan desde su cultura más profunda o desde las relaciones que lo atenazan. Castillo no será un ideólogo como Cerrón, pero tiene un lado más radical que él, en la medida en que viene impulsado por el neosenderismo del Conare-Movadef.
El miércoles, reconociendo el sano principio de realidad, precisó en su discurso sobre los 100 días de su gobierno que no expropiaría, sino que masificaría el gas. Pero culminó proclamando, emocionado, que “la asamblea popular constituyente es un grito popular”. Se esmera en tratar de convencer a Cerrón y al país de que no ha traicionado el plan original, que consiste precisamente en instaurar una asamblea constituyente para concentrar todo el poder y establecer un régimen socialista bolivariano que, por supuesto, arruinaría el país.
Desde el comienzo, advertimos de que el instrumento clave para la consecución de ese plan era el control de las Fuerzas Armadas y policiales, su subordinación al proyecto político gubernamental. Por eso, no hubo sorpresa cuando los comandantes generales del Ejército y la FAP fueron pasados al retiro a los tres meses de nombrados porque no accedieron a ascender a diez oficiales –no a dos paisanos– recomendados por el presidente, pero que no reunían los méritos necesarios. Ni tampoco cuando 48 oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea acudieron a Palacio de Gobierno, una semana antes de que se oficialicen sus ascensos, para que el presidente Castillo les comunicara la buena noticia solicitándoles “lealtad”, según informa el ex primer ministro Walter Martos.
Si se controla a las Fuerzas Armadas, nada es imposible, como bien sabía Montesinos. No interesa dar las señales correctas para que la inversión privada se reactive y, por esa vía, se generen empleo e ingresos para todos. Por el contrario, se trata de agudizar las contradicciones para acercar el advenimiento del “momento constituyente”, con la gente reclamando una nueva Constitución, que es el grito del asalto al sistema, porque la situación no da para más. Entonces, vemos a congresistas de Perú Libre detrás de los ataques incendiarios a las minas y a empresas agroindustriales y al ministro de Energía y Minas responsabilizando a las empresas y designando como jefe del Gabinete de Asesores de dicho ministerio al organizador de bloqueos Lenin Checco.
La consecuencia es que la recuperación económica y del empleo se frenan y los precios suben por la incertidumbre, pero no importa, pues, al contrario, esa es la oportunidad para extender los brazos protectores del Gobierno, regalando bonos y subsidios por doquier: el segundo bono Yanapay, S/70 mensuales a los trabajadores privados que ganen menos de S/2.000, el subsidio al GLP, lo mismo con el diésel para abaratar su precio, más gente en los programas sociales, más presupuesto para Trabaja Perú…
En perfecta operación clientelista, se entregan regalos, beneficios y privilegios a diversos sectores y grupos a cambio de firmas para la asamblea constituyente y apoyo político en general. Así, a los aproximadamente 14 millones de personas receptoras del bono y a los trabajadores privados, se suman los transportistas, a los que se les condona multas y se les asegura el reino del caos; los cocaleros, que serán empadronados para que sigan produciendo para el narcotráfico; los maestros, que ya no tendrán evaluaciones; los empleados públicos ex-CAS, que tampoco serán evaluados; y así sucesivamente.
Es que no interesa el crecimiento sano del país y la generación de oportunidades para todos, y menos un Estado eficiente, sino la acumulación de bases y fuerzas políticas para impulsar la revolución desde el Estado, aunque se anule cualquier reforma y se destruya todo lo avanzado. Quizá por momentos Pedro Castillo se percata de esa locura. Pero no la puede dominar.
