Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 05 de febrero del 2022
“Pedro Castillo no puede ser presidente del Perú”.
La designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros supera todas las marcas de incompetencia que el presidente Pedro Castillo ya había ostentado. Ha batido su propio récord. La explicación alterna, de que en realidad fue designado para provocar la disolución del Congreso, que convertiría a Castillo en un eximio estratega del mal, ha sido desmontada por la declaración desafiante del propio Valer, que amenazó al Congreso precisamente con ese desenlace si le denegaban la confianza, chantajeándolo de manera inaudita. Si ese hubiese sido el plan original, no lo hubiese anunciado tan franca y desfachatadamente.
Como no podía ser de otra manera, el premierato de Valer llegó a su fin rápidamente. La demanda para su salida era unánime. Pero lo que hay que registrar es que haber designado como primer ministro a alguien con las conductas de este señor es un indicador de incapacidad moral o, en el mejor de los casos, de suma incapacidad gubernamental para averiguar los antecedentes de una persona. Más aun, Castillo había designado a Valer luego de una crisis de Gabinete que fue generada por él mismo, por su incapacidad moral precisamente, que lo puso del lado del ex comandante general de la Policía Javier Gallardo en su disputa con el ex ministro Avelino Guillén y, en última instancia, con la ex primera ministra Mirtha Vásquez.
El presidente habría designado y protegido a Gallardo para que este desmantelara la Diviac y anulara las unidades policiales que investigan a sus correligionarios de Perú Libre y las propias denuncias sobre presuntos actos de corrupción en Palacio y en la casa de Breña, y los vínculos con el tráfico de amapola de Chota. Con el efecto colateral del impulso a un mercado de ascensos y cambios boyante y sin precedentes en la Policía que destruye la moral institucional y deja desguarnecidas muchas comisarías.
Hubo en ese nombramiento, entonces, clara incapacidad moral. Pero la seguiría habiendo. La designación del policía cajamarquino Alfonso Chávarry como ministro del Interior, a la que se oponía la ex primera ministra, puede representar el intento de seguir controlando investigaciones comprometedoras. Fernando Vivas ha hecho notar, además, que Chávarry estuvo ligado al paso de Luis Barranzuela por el Ministerio del Interior. La sola designación de Barranzuela, un hombre que defendía la no erradicación de los cocales (cuya producción va al narcotráfico), constituía ya una manifestación de clara incapacidad moral.
El asalto a ministerios, organismos reguladores y empresas públicas para ponerlos al servicio de intereses políticos, informales o sencillamente delictivos, o para retribuir a partidarios incompetentes incluso en cargos ministeriales, confirma el síndrome de incapacidad moral permanente. La salida del sector “caviar”, que le daba al gobierno una cierta pátina técnica, deja al desnudo el carácter principalmente patrimonialista y predatorio de la captura del Estado por las izquierdas chotanas, fenatepistas y perulibristas. La única buena noticia ha sido el nuevo ministro de Economía, Oscar Graham, que ya debía estar preguntándose qué hacía en un Gabinete presidido por un personaje atrabiliario que, como si todo lo demás fuera poco, anunciaba que el gobierno preparaba el “momento constituyente”, el mejor antídoto contra la reactivación de la inversión privada.
Pedro Castillo no puede ser presidente del Perú. El problema es que un conjunto de condiciones oculta el daño que está haciendo: la baja del precio del dólar y de los alimentos, que alivia la economía popular; el elevadísimo precio de los minerales, que llena las arcas del gobierno; la transformación benigna de la pandemia, que ayudará a recuperar el turismo y los restaurantes; y la inviabilidad legal de la asamblea constituyente, que disminuye la incertidumbre. Pero no nos dejemos adormecer. Nuestras fortalezas macroeconómicas, derivadas de un ya muy perforado modelo económico, delimitado en la Constitución del 93, tienen un límite. Tenemos que actuar antes de terminar con un Estado fallido e irrecuperable.
