Jaime de Althaus
El Comercio, 24 de agosto del 2024
El asesinato de dos importantes dirigentes de construcción civil es algo muy grave que recuerda los atentados de Sendero Luminoso.
El asesinato de dos importantes dirigentes de construcción civil es algo muy grave que recuerda los atentados de Sendero Luminoso. El ministro del Interior se reunió con Capeco y la Federación de Construcción Civil y ofreció que se formaría un grupo de trabajo con esas organizaciones. ¿Cumplirá? Se comprometió a detener a los asesinos, a fortalecer la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles de la Policía, a crear un grupo especial de inteligencia para esto y a coordinar con el sector Trabajo la depuración de los registros sindicales, algo para lo que existe desde hace años una comisión que no funciona. Habría que saber por qué no funciona.
El director general de la policía, Víctor Zanabria, me dijo que los fiscales se demoran en procesar las denuncias y, como la obra no puede parar, paga los cupos. Lo mismo de siempre. Zanabria sostiene que ahora hay más denuncias de extorsiones debido a la campaña gota a gota (“No pagues, denuncia”) y, en cuanto a efectividad de la policía, muestra estadísticas de más capturas (179.653 en flagrancia hasta agosto versus 169.284 hasta agosto del año pasado, ¡aunque casi todos salen libres!) y el doble de incautaciones de droga (29 TM de cocaína versus 16 TM el año anterior). Pero la cantidad de homicidios no disminuye y la de robos y hurtos baja marginalmente.
Para enfrentar el grave problema de la minería ilegal en Pataz, me explica que hay un plan: control territorial con 350 efectivos; interdicción minera: vuelan socavones de mineros ilegales (según Pablo de la Flor, de Poderosa, recién han retomado esto luego de tres meses de inacción); desarticulación de organizaciones criminales, cinco hasta la fecha (La Gran Alianza, Los Parqueros, Los Topos, Los Chalecos del Oro y Los Topos del Oro); intervenciones por lavado de activos a construcciones; y, finalmente, entrar a los socavones para intervenirlos en flagrancia, lo que, según De la Flor, no está ocurriendo porque dicen que no tienen el equipamiento necesario. Hay 25 galerías tomadas y no los sacan. Y ha aumentado la salida de volquetes con mineral ilícito a las plantas “formales” de la costa.
No obstante, Zanabria sostiene que en Pataz han detenido el avance de la criminalidad. Lo siguiente es reducirla, lo que, sin embargo, produciría un efecto globo. Me dijo algo que me sorprendió: que el estado de emergencia es inútil porque no pueden ingresar a las viviendas o suspender el libre tránsito, pues, según él, la suspensión de garantías no se aplica en la lucha contra la criminalidad, sino “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”, como reza la Constitución. Según Enrique Ghersi, “los policías están curados de espanto porque los jueces le dan esa interpretación legalista y los meten presos a ellos”. Es imposible una estrategia exitosa contra la criminalidad con esas limitaciones.
Peor aún, el gobierno regional no verifica la ubicación del titular del Reinfo para retirar a los que operan en una zona distinta a la que declararon. “Hemos ofrecido acompañarlos y no hay disposición”, acotó Zanabria. ¿Complicidad?
