Jaime de Althaus
El Comercio, 29 de marzo del 2025
“En un hecho sin precedentes y auspicioso considerando la peligrosa atomización de la oferta electoral, seis partidos políticos elaboraron y presentaron públicamente una Política de Lucha contra la Inseguridad y la Criminalidad”.
En un hecho sin precedentes y auspicioso considerando la peligrosa atomización de la oferta electoral, seis partidos políticos elaboraron y presentaron públicamente una Política de Lucha contra la Inseguridad y la Criminalidad. El documento, de 13 páginas, se puede encontrar en: lampadia.com. Fue suscrito por el PPC, el APRA, Avanza País, Fuerza Moderna y Unidad y Paz, y respaldado por Fuerza Popular. Renovación Popular participó en todas las etapas, pero al final por razones inexplicadas se abstuvo de suscribir.
Es el preludio de lo que debería hacerse en los próximos meses para asegurar un gobierno fuerte con coalición de mayoría y programa común el 2026. Los partidos designaron expertos que participaron primero en un foro y luego en un taller de trabajo, realizados en ESAN. Con esos insumos se redactó una primera versión del documento que fue discutida, afinada y corregida en un segundo taller. Las discusiones fueron intensas y permitieron descartar propuestas y agregar conceptos nuevos. Fue gratificante constatar la capacidad de construir conjuntamente una propuesta renunciando en algunos casos a posiciones propias en aras del consenso.
Es imposible resumir la riqueza del documento. Propone, entre otras cosas: un comando unificado que incluya a las autoridades directamente responsables; que la fiscalía y el Poder Judicial depuren personal y designen un equipo de jueces y fiscales comprometidos. Cortar la cadena de valor de las economías ilegales, atacando sus eslabones neurálgicos. Un comando militar-policial en la sierra de La Libertad y en Tumbes. Asimismo, convenios con instituciones policiales de países desarrollados para traer tecnología e inteligencia contra las extorsiones. Reorganización de la PNP con asesoría de una misión externa de una policía de país avanzado. Actualización del Plan Mariano Santos para cerrar las brechas de tecnología, infraestructura y equipamiento, reestructurando el presupuesto nacional. Centro de Comando y Control. Escuelas de calidad. La gestión de recursos de la PNP a cargo de personal especializado y por resultados, con operador logístico único. Policía comunitaria con licenciados o retirados.
También una comisión de alto nivel para proponer una reforma integral del sistema judicial. Reestructuración del Ministerio Público para poner fin a la politización de la justicia. Reducir drásticamente el número de fiscales y jueces supernumerarios y provisionales, para devolver independencia. Expediente judicial digital, simplificación del código procesal penal y protocolos de coordinación. Generalización de las unidades de flagrancia, y jurisdicción nacional para ciertos delitos. Luego, un mega penal para 20 mil internos, nuevos pabellones en cárceles existentes y cárceles productivas por medio de asociaciones público-privadas:
Lo significativo de este esfuerzo es no solo la calidad de la propuesta, que lamentablemente un gobierno precario como el actual difícilmente podría ejecutar, sino porque representa el tipo de tareas multipartidarias que se requiere precisamente para que el gobierno que se elija el 2026 cuente con un programa y una coalición de gobierno que haya sido fruto de un trabajo previo como el mencionado. Para ello los partidos deberían continuar consensuando estos meses otros temas como la reforma del Estado, de la salud, de la Educación y la repotenciación del modelo económico para volver a crecer a tasas altas. El camino está trazado.
