Jaime de Althaus
El Comercio, 27 de diciembre del 2025
“Una gran noticia es que el ciclo de la persecución política parece haber acabado”.
Estamos ad portas no solo de un año nuevo sino, quizá, de un ciclo nuevo en lo institucional y lo económico. Por supuesto es un deseo, pero es un deseo que se apoya en cambios que están ocurriendo. En lo institucional habíamos llegado a un punto de degradación extrema. Pero el liderazgo presidencial inicial y el cambio de la correlación interna en el Ministerio Público han llevado a los poderes e instituciones a coordinarse entre ellos y están en gestación mecanismos interinstitucionales de resolución inmediata en la lucha contra la criminalidad.
Esto está obligando a las instituciones a volverse eficientes, lo que deberá llevar a la reforma de la Policía (hace dudar, sin embargo, que se haya pasado al retiro a excelentes generales como Alberto Lira de la Dirección contra la Corrupción; habría que averiguar debido a qué presiones) y a la reforma del sistema judicial. Hay en el Congreso un buen proyecto de reforma constitucional para esto.
Leyes anticrimen han facilitado una coordinación efectiva mediante una plataforma electrónica entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía que ha derivado en la captura de las principales organizaciones criminales dedicadas a la extorsión en Lima Metropolitana. Pero subsisten remanentes que cometen asesinatos para afirmar su poder y, por eso y porque aún no se organiza bien la acción en provincias, no baja la tasa de homicidios, y rateros se convierten en extorsionadores. Lo importante es que hay una nueva dinámica, aunque el presidente Jerí parece estar perdiendo foco y faltan tecnología e institucionalización adecuada del trabajo conjunto.
Y lo que está fallando es la lucha contra la minería ilegal —que penetra la política y el Estado—, porque no hay voluntad política en el MINEM ni para formalizar ni para promover una ley MAPE. Es el hueco negro del gobierno. La sociedad civil tiene que proponer y ejercer presión.
Pero una gran noticia es que el ciclo de la persecución política parece haber acabado. El Tribunal Constitucional ordenó el archivo del Caso Cócteles y se ha anunciado la desactivación del equipo especial Lava Jato, que causó mucho daño al criminalizar la política.
Por supuesto, está pendiente la gran tarea de la reforma del Estado, para acabar con la degradación patrimonialista e implantar la meritocracia a todo nivel, junto con la desburocratización, simplificación administrativa e introducción de gestión privada en los servicios públicos como salud y educación, para volverlos eficientes. Pero eso será tarea del próximo gobierno.
En lo económico, el país podría estar a punto de iniciar un nuevo ciclo de crecimiento acelerado, a tasas de 6, 7 u 8% al año, si el gobierno entrante logra una gobernabilidad que ponga fin al ciclo anárquico de vacancias y renuncias presidenciales y si aprueba las reformas que permitan restaurar la libertad económica y aprovechar el gran ciclo de altos precios de los minerales. Retomaremos entonces la reducción acelerada de la pobreza y el país volverá a ser un centro de gravedad que atraerá a peruanos emigrados en lugar de expulsarlos. Amén.
¡Feliz año y ciclo nuevos!
