Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 13 de octubre de 2017
Me parece que le ha faltado ambición a la política general de Gobierno presentada ayer por la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, aunque hay áreas en las que sí se advierte un programa claro de cambios. La más visible es Interior, donde está en marcha una reforma profunda de la policía y de las políticas de seguridad que promete una mejoría apreciable en un mediano plazo. También aparecen ideas claras en el tema carcelario, donde se promete 21 “cárceles productivas” para el 2021, por ejemplo. Todo esto es vital y debe alegrarnos, pero debería tener su espejo en una profunda reforma del sistema judicial que no apareció en este mensaje. Ya no hubo referencias al Acuerdo Nacional por la Justicia, instancia que tampoco iba al fondo de los temas, ni al proyecto clave de los expedientes digitales. Solo se reiteró la necesidad de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.
En el tema de la formalización, promesa central de PPK, es promisorio lo que se nos viene en términos de simplificación y desregulación, la posibilidad de realizar todos los trámites y pagos vía Internet, así como la simplificación de los 4 regímenes tributarios en uno solo con comprobantes electrónicos, algo que puede terminar incorporando a millones a la cadena tributaria formal, anchando enormemente la base. Sería una revolución.
Pero estas reformas también necesitan su espejo en el terreno laboral, y allí la primera ministra solo habló de “generar empleo digno para más peruanos”, algo que solo podría lograrse mediante una reforma laboral que permita formalizar el trabajo. Debió plantear explícitamente la necesidad de concertar con el Congreso dicha reforma. Se necesita una precisión al artículo 27 de la Constitución, indicando que una justa indemnización es protección adecuada al despido. Quizá en el anunciado pedido de facultades legislativas en materia económica con el fin de adoptar prácticas que nos permitan adherir al OCDE habrá algunas de esas reformas.
Aráoz promete trabajar para que “la cartera de grandes proyectos mineros de casi 51 mil millones de dólares se haga viable”, pero no esboza estrategia alguna para reducir la conflictividad que paraliza las inversiones. Lo único en esa línea ha sido una reducción drástica del tiempo de los procedimientos en la OEFA de 3 años a 45 días, que ayudará a restablecer la legitimidad del Estado en las zonas mineras. Tampoco se anuncia una simplificación drástica para facilitar la formalización de los 300 mil mineros informales.
No hubo palabra sobre la propuesta de reforma del sistema de protección social. Solo se anunció el “intercambio prestacional” entre Essalud y los hospitales del ministerio para que los pacientes puedan atenderse en cualquier centro de salud, lo que está muy bien. Y fortalecer la rectoría en el sector Salud para que puedan cumplirse las políticas nacionales, algo que también debería extenderse a Educación. Y anunció proyectos interesantes en Transportes y otros sectores.
Pero sigue haciendo falta un acuerdo político con el Congreso sobre las grandes reformas. No podemos seguir perdiendo el tiempo.
