Jaime de Althaus
El Comercio, 12 de julio del 2025
“Si al final fracasa el proceso de formalización y todo este sector no se integra al sistema legal, no solo se acentúa el dualismo económico, sino que se alimenta opciones electorales antisistema”.
El llamado del presidente de Confemin Franco Bequer ya no solo a los mineros informales sino a las comunidades y rondas campesinas a movilizarse era una manera de presentar la exclusión de 50 mil suspendidos del Reinfo como una afrenta al pueblo andino y campesino en general, un llamado al levantamiento general del mundo andino. Una manera de reeditar la confrontación que sucedió al golpe de Pedro Castillo que sin duda tuvo visos de un enfrentamiento entre los dos países que somos.
Al momento de escribir este artículo, sin embargo, el propio Bequer anunciaba una tregua y los bloqueos de carreteras habían sido despejados por la policía o levantados voluntariamente. Las bases de Apurímac, Puno y otras le dieron la espalda acusándolo de responder a los intereses de la gente de Pataz. Quizá no se esperó el cambio en la correlación congresal, que también le dio la espalda y menos la reprobación de su partido, Renovación Popular.
En su discurso, la gran minería aparece como el enemigo principal, como si hubiera una lucha de clases entre los pequeños mineros y la gran minería, y entonces lo que se plantea es la reversión de las concesiones. Por eso tenemos a las bancadas de izquierda en el Congreso alineadas detrás de un proyecto de ley MAPE que destruiría el sistema de concesiones, base de la inversión minera.
La verdad sin embargo es que no más del 15% de los mineros que tenían Reinfo estaba en concesiones de mediana y gran minería. La mayor parte estaba en concesiones extinguidas y sobre todo en concesiones de pequeños mineros o mineros artesanales (MAPE), donde muchos de esos pequeños mineros titulares de concesiones no firman contratos de explotación con los informales porque prefieren percibir parte de su producción sin declararla.
Lo cierto es que la fiebre del oro desatada por los altos precios del mineral provoca invasiones, enfrentamientos entre mineros, robos de mineral y el surgimiento de organizaciones criminales que matan, cobran cupos o se adueñan de las operaciones. Poner orden en ese mundo es muy difícil. Por eso, la estrategia tiene que combinar la lucha contra la minería ilegal y criminal con la formalización.
El retiro de 50 mil Reinfos suspendidos forma parte de la lucha contra la minería ilegal. Pero ahora la tarea es formalizar. Los 31 mil que quedaron y otros expresan un capitalismo popular emergente que tiene que ser incorporado a la economía formal. Si al final fracasa el proceso de formalización y todo este sector no se integra al sistema legal, no solo se acentúa el dualismo económico, sino que se alimenta opciones electorales antisistema de izquierda en el 2026 y se pone en peligro la propia inversión minera mediana y grande.
La ley MAPE es clave. Su elaboración debió ser el punto de encuentro entre todos los actores, grandes, medianos y pequeños, formales e informales y el propio Estado, para llegar a fórmulas de consenso. Cualquier otra salida será conflictiva. La presidencia de la comisión en manos de la izquierda no ayudó. Y la actitud de los actores tampoco. Pero estamos a tiempo.
